Enrique M. Rovirosa

El próximo primero de octubre el Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, hará entrega al Congreso del Estado de su Primer Informe de Gobierno. De acuerdo al propio mandatario, éste se presentará en un formato que habrá de seguir los lineamientos que contiene el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 y que incluye seis ejes principales: 1) Seguridad y Justicia Integral, 2) Formación para la Vida, 3) Desarrollo Regional Sustentable, 4) Economía Competitiva, 5) Bienestar y Desarrollo Humano, y 6) Gobierno al Servicio de la Gente.

En los once meses que han transcurrido de esta administración, la verdad sea dicha, no hay mucho que celebrar.

En materia de seguridad, el número de ejecutados en el estado por el crimen organizado ha alcanzado niveles históricos. Con ello, Tijuana y Mexicali se mantienen en los primeros lugares entre las ciudades con mayor incidencia delictiva y prevalencia de victimas en todo el país.

La falta de seguridad en México es el principal reclamo que hace la sociedad hoy día a todos los gobernantes. En el caso de nuestra entidad, desgraciadamente en el corto y medianos plazos lo único que vislumbramos es que la situación va a empeorar. Restaurar los niveles de orden y salvaguarda que se tuvieron antaño, va a tomar más tiempo del que las propias autoridades están dispuestas a aceptar. Más cuando no se percibe la convicción política que se requiere para poder adoptar las medidas que permitan combatir la corrupción y la impunidad en todos los poderes, niveles y ramas de gobierno.

El desenlace que tuvieron los motines en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana hace unos días, constituye un episodio trágico que exige no únicamente aclarar el cómo y por qué se dieron los hechos que culminaron en la matanza de reos a mansalva, sino proceder a fincar las responsabilidades correspondientes y aplicar con todo rigor las sanciones que marca la Ley. Esto, independientemente de la jerarquía de los involucrados o si se trata o no de amigos personales del Gobernador.

En este orden de ideas, no puede pasar inadvertido la falta de transparencia con que se ha manejado todo lo relacionado al sangriento incidente. Es inconcebible que hayan transcurrido ya varios días desde que finalizó el choque y que las autoridades no hayan proporcionado la lista completa de todos aquellos que estaban detenidos en dicho reclusorio. Más aún, que sean incapaces de proporcionar el paradero de decenas de reos desaparecidos, hecho que ha quedado al descubierto con las reclamaciones de familiares.

En materia económica, las cosas tampoco han sido favorables.

La desaceleración económica que venía presentando la economía de nuestros vecinos del norte en los últimos dos años, ha significado un deterioro significativo para varias actividades en la entidad, como es el caso de la reducción en el turismo que nos visita, la caída de las ventas de bienes inmuebles turísticos en la zona costa y la disminución de las exportaciones del sector maquilador, entre otras.

No sabemos aún cómo se reflejará todo lo anterior en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); no obstante, es un hecho de que habrá una marcada desaceleración en comparación con años anteriores.

En 2006 el PIB de Baja California creció 6.0% y, según estimaciones propias, en 2007 lo hizo en poco más de 4 por ciento. Para 2008, todo apunta a que la expansión será menor a la que registre el país. De llegarse a cumplir la expectativa nacional que indican las autoridades hacendarias de un 2.8 por ciento, el resultado local –siendo optimistas- podría ser de un 2.5 por ciento.

Pero los acontecimientos que ha marcado la crisis hipotecaria en los Estados Unidos en estos días, podría complicar más las cosas. Quizá en términos del PIB no se aprecie un mayor deterioro para el resto del 2008, pero si en lo que se refiere a inversión privada y generación de empleo formal.

El gobierno de Osuna Millán se ha puesto como meta lograr en su gestión una tasa de crecimiento del PIB estatal del cinco por ciento en promedio anual. Para 2008 es ya un hecho que no lo logrará.

En el primer semestre de este año la situación del empleo formal ya daba visos de ser crítica. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en dicho periodo se habían creado únicamente 3,127 empleos mientras que para igual lapso del 2007, la suma alcanzó 8,752 plazas. Esto significó que el ritmo de crecimiento del empleo en los primeros seis meses del 2008 respecto a igual lapso del 2007 se redujo en 64.3%.

Para agosto de este año, la cifra de empleos formales generados en el año prácticamente no se movió respecto al que se acumulaba en junio pues se reportaron 3,213 nuevas fuentes. A estas alturas del 2007, el número que reportaba el IMSS era de 20,845 plazas.

No está por demás recordar que, tradicionalmente, es precisamente durante el primer semestre de cada año cuando –según los registros administrativos del organismo de salud- se genera el grueso de los empleos formales en el estado.

Si se analizan las cifras del empleo del IMSS en términos anuales, se tiene que a junio de este año el estado había generado sólo 58 empleos en comparación a las que había en el mismo mes del 2007. Considerando los mismos parámetros de comparación anual, para el mes de julio la pérdida se elevó a -4,759 empleos y para agosto el detrimento era de -11,949 empleos.

Dado el comportamiento histórico que ha tenido el empleo formal en el estado así como las condiciones que prevalecen en el entorno económico nacional e internacional, es casi seguro que en 2008 la entidad registre una pérdida de empleos que estará en un rango de 10 a 15 mil plazas. De ser así, el 2008 sería el peor en materia de generación de empleos de los últimos ocho años.

Cabe destacar que el gobierno estatal se trazó una meta anual de 50 mil empleos, meta que obviamente no se logrará en 2008.

Es necesario destacar que el la administración de Osuna Millán no es responsable del entorno económico adverso que se ha presentado. No obstante, hay que apuntar que cometió el pecado de no tomar en cuenta las opiniones de quienes señalábamos con la debida antelación, que el proceso de desaceleración que mostraba la economía norteamericana traería efectos adversos sobre la economía regional.

También hay que mencionar que si bien las autoridades cometieron un error en cuanto a que no previeron el rumbo que podrían tomar las cosas, éste no deja de ser uno de apreciación que cualquier entidad o sujeto puede cometer.

La verdadera culpa de la administración estatal estriba en que, lejos de reconocer el viraje adverso que se ha presentado en materia económica, ha buscado ocultarlo o minimizarlo. Con ello, ha eludido la adopción de medidas correctivas que pudieran mitigar las calamidades que se avecinan. Asimismo, ha fallado en su compromiso de brindar transparencia económica.

Será interesante escuchar lo que tenga que decir el Gobernador sobre la temática de seguridad y economía competitiva. Por un lado, permitirá conocer hasta dónde está dispuesta su administración a enmendar errores y, por otro, tener una perspectiva de cómo piensa enfrentar los problemas económicos que ya están a la vuelta de la esquina.

Sábado, 27 de septiembre de 2008.