| Enrique
M. Rovirosa
Han pasado un par de años desde que Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) lanzó aquella frase que incomodó a muchos de “Al
Diablo con las Instituciones”, en claro desafió a lo que calificó
como un proceso electoral fraudulento que le quitó la presidencia de la
República.
Desde entonces, la mayoría de los medios de comunicación y en
especial las cadenas televisoras, no han dejado de sacar a relucir esas palabras
cada vez que tienen la oportunidad para atacar al perredista y sus partidarios,
por considerarlos una amenaza a la “sana convivencia que vive el país”
y a las “reglas constitucionales que rigen al Estado mexicano”.
Si bien la frase de AMLO significa para muchos un desafió a la integridad
del sistema que hoy nos rige, la verdad sea dicha, hasta ahora no ha ido más
allá de significar un reproche de quien se considera agraviado. En un país
democrático, todo ciudadano tiene el sano derecho de expresar lo que quiera,
siempre y cuando no insulte, denigre o humille a persona alguna. La frase del
ex candidato presidencial cumple con este criterio por lo que no debiera ser motivo
de persecución mediática.
En mi opinión, hay muchas otras cosas más importantes y que los
medios informativos no toman en cuenta con tanta vehemencia.
Una que se aprecia con mayor frecuencia, es la discrecionalidad con que interpretan
y aplican las leyes la mayoría de los políticos y funcionarios públicos
de nuestro país. Ahora sí, en alusión a la frase de AMLO,
pareciera como si expresaran “Al Diablo con el Estado de Derecho”.
Pero entre estos protagonistas existe una gran diferencia. La frase de López
Obrador no pasa de ser una expresión de un ciudadano inconforme mientras
que, en el caso de quienes gobiernan, la interpretación que dan a la normatividad
se traduce, la mayoría de las veces, en costos adicionales para la sociedad.
Desde el Presidente de la República hasta el funcionario de menor nivel
en las administraciones públicas, vemos cada día más una
tendencia a desafiar nuestro sistema legal.
Un ejemplo de ello, es el tema del aumento al transporte público urbano
de Mexicali que autorizó la administración del Presidente Municipal
Rodolfo Valdez Gutiérrez el pasado 11 de los corrientes, para entrar en
vigor el día 14. El Reglamento respectivo señala con toda claridad
que, una vez autorizadas y publicadas las nuevas tarifas en el Periódico
Oficial del Estado, éstas entrarán en vigor 30 días después.
A sabiendas de esta disposición, la autoridad municipal procedió
a autorizar el aumento.
En una entrevista por televisión en esta semana, el alcalde admitió
que se había violado el reglamento a la vez que dio una serie de razones
para ello. La verdad, fue lamentable escuchar la defensa que hizo en términos
de si deben o no aplicarse las leyes con rigor.
Tienen mucha razón aquellos que señalan que el cambio de gobierno
en nuestro país no ha significado gran diferencia respecto a la forma en
que gobernaba el PRI en sus mejores épocas. El autoritarismo derivado de
tener un solo partido en el poder, explicaba la corrupción, la impunidad
y, en general, la falta de respeto a un estado de derecho en México.
Hoy, cuando tenemos representación plural en los distintos órdenes
de gobierno, no hay razón para que continuemos con más de lo mismo.
Una y otra vez insistiré en que no puede haber progreso en un país
donde no hay seguridad y orden. La discrecionalidad con que se aplica la Ley en
México aunado a la impunidad explica en gran parte el estado de descomposición
social que se vive. Mientras nuestros gobernantes no sean llamados a rendir cuentas
por no ajustarse y hacer respetar las leyes y reglamentos, podemos estar seguros
de que seguiremos inmersos en una situación de conflicto permanente en
todos los ámbitos de nuestra convivencia diaria.
Sábado, 19 de julio de 2008. |
