Enrique M. Rovirosa

El aumento sostenido en el número de delitos del orden común aunado a la ola de ejecuciones y crímenes que han azotado a nuestra entidad en últimas fechas, ha sido motivo para que muchos no sólo exijan la acción inmediata de todas las autoridades policíacas sino, incluso, demanden la intervención del ejército.

El clima de inseguridad que se vive ha llegado a un punto tal que, no sólo explica el hecho que el gobierno norteamericano haya lanzado una alerta a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a la frontera con México sino, también, justifica el que algunos empresarios ya amenacen con abstenerse de cumplir con sus obligaciones fiscales, en tanto no se apliquen medidas de emergencia que resuelvan el grave problema.

En este estado de cosas, resulta necesario destacar dos apectos: primero, la experiencia ha demostrado que el involucrar al ejército en asuntos que son competencia exclusiva de las autoridades civiles no sólo es un error de principio, sino que alarga toda posibilidad de que se apliquen soluciones de fondo. Segundo, debe entenderse que los problemas de inseguridad no son algo que surge de un día para otro, sino que son el resultado de un largo proceso de descomposición social.

Y que en éste último, intervienen muchos factores que si bien pueden ser aislados e independientes unos de otros, al final, se conjugan –cual si fueran ingredientes de una formula química- que arroja los resultados que se tienen hoy día.

También es necesario recordar que los problemas de seguridad no son exclusivos de Baja California. Si bien tiene matices de ser mayúsculo en esta región, la verdad es que se extiende a lo largo y ancho de toda la república mexicana.

En este problema intervienen la marginación, la pobreza, la desintegración familiar, la corrupción y, en fin, un sinnúmero de variables que requieren cada una de un análisis detallado por separado.

Si se acepta la premisa anterior, entonces debe entenderse que la solución no puede darse ni está en los cambios y mejoras que puedan darse en una o algunas de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, llámense órganos de seguridad municipal, estatal o federal.

La delincuencia surge y forma parte de los valores intrínsicos que tiene una sociedad y por ende, de las instituciones que ha creado para frenarla.

Una sociedad con valores bien definidos y con visión acerca de cual debe ser su destino tendrá, instituciones sólidas, dispuestas y preparadas a enfrentarse a los males que le aquejan; mientras que una sociedad sin claridad hacia donde se dirige, dividida, con su esperanza coartada y débil, tendrá instituciones incapaces de afrontar los problemas que se le planteen, tal y como sucede en nuestro caso.

Si bien es cierto que en el discurso oficial y toda la información mediática que se nos proporciona, se maneja de manera insistente en que nuestras instituciones son sólidas y capaces de enfrentar todos los retos que se les presentan, los hechos demuestran todo lo contrario.

De ahí que no sólo sean incapaces de frenar la ola delictiva que nos embate sino que no sepan cómo actuar, aún cuando sea ineludible hacer uso legitimo de la fuerza pública, como en los casos de Atenco, Oaxaca y otros más.

El problema de la delincuencia y el crimen en nuestro país, requiere soluciones integrales de mediano y largo plazos.

Si bien no deben ni pueden dejarse de aplicar medidas correctivas inmediatas, no hay que olvidar que éstas no dejarán de ser simples paliativos. Hay que tener conciencia de que la salida está en un horizonte más largo.

Desgraciadamente, en todas las esferas gubernamentales se ha eludido hablar en éstos términos, ya sea por temor al reclamo social o bien, por omisión.

El problema de la inseguridad debe abarcar no sólo la mejoría de los órganos de vigilancia e impartición de justicia, sino la revisión de otras instancias como son los programas educativos, la función del gobierno, el centralismo, el combate a la corrupción, etcétera.

Quizá lo más importante será introducir un cambio de actitud en la sociedad hacia aquello que representa la perversidad.

Desde hace años, se ha divulgado el concepto de que el mundo no es blanco o negro sino más bien una progresión de grises. Bajo esta noción, se ha dejado de lado lo más importante que consiste en distinguir entre el bien y el mal. No se trata entrar en una discusión de carácter teológico, sino resaltar la esencia misma de aquello que debe normar las relaciones entre los seres humanos.

Vivimos en un limbo, en el que las cosas malas se hacen pasar como buenas. Y para ilustrar el punto, sólo basta con ver lo que hacen la mayoría de nuestros gobernantes. Así por ejemplo, el presidente Fox ha negado insistentemente en que no violó ninguna ley al asumir la postura pública durante el pasado proceso electoral respecto a quien no debía gobernar a México, en alusión obvia a Andrés Manuel López Obrador. Y se ha mantenido en ello, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) ya determinó que si violó las normas.

El TRIFE por su parte, al reconocer que hubo violaciones a la Ley pasó por alto aplicar sanción alguna y sólo se limitó a expresar lo que podría considerarse como un regaño.

Bajo este contexto, lo que sucede en nuestro país en materia de seguridad no debe ser motivo de extrañeza. En un mundo de grises, el grado de crimen e inseguridad, es relativo y, por ende, tolerable. Y más para quienes tienen el deber de resolverlo.

Mientras siga manejándose esta falsa retórica, y no llamar a las cosas por lo que en verdad son, el avance en materia de seguridad va a ser pueril. Pensar lo contrario es vivir en un mundo fantasioso.

Viernes, 22 de septiembre de 2006.