Enrique M. Rovirosa

Desde hace algún tiempo, la banca privada en México ha sido objeto de fuertes críticas, mismas que ya no sólo las pronuncian los usuarios de los servicios que ésta ofrece sino, también, quienes tienen la responsabilidad de vigilar su correcto funcionamiento.

Para muchos, la privatización de la banca mexicana no ha cumplido con las expectativas que generó, pues no ha traído los beneficios que se esperaban y, menos, a raíz de quedar prácticamente en manos de extranjeros.

Actualmente, sólo Banorte es propiedad de inversionistas locales. El resto, son unidades de los españoles BBVA y Santander, del estadounidense Citigroup, del británico HSBC y del canadiense Bank of Nova Scotia.

El Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha señalado en diversos foros que los bancos extranjeros no han operado con los mismos criterios que aplican en sus países de origen. Y de manera indirecta, el responsable de la política monetaria del país, los ha acusado de ser evasores fiscales y llevar a cabo prácticas oligopólicas que les han generado ganancias excesivas.

En resumidas cuentas, para Ortiz, el sistema bancario "se encuentra concentrado, no es competitivo y resulta caro para los mexicanos".

En este marco, ya no es de extrañar que los funcionarios del órgano regulador cada vez que suben a una tribuna, insistan sobre la necesidad de que se reduzcan las tarifas bancarias e, indirectamente, sugieran cambios a las leyes.

La respuesta por parte del presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, ha sido la de calificar como subjetivas las diatribas respecto a las altas comisiones y tasas de interés que cobran las instituciones del país. Y ha señalado que ya han iniciado una reducción gradual de las tarifas, pero que ello no está libre de costos.

Los reproches de Ortiz no se han limitado al ámbito de las operaciones que realizan los bancos transnacionales en el país; también las ha hecho extensivas como practicas comunes de éstos en los países emergentes.

Recientemente, durante su participación "en la XIV Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (ICBS)", que se celebró en la ciudad de Mérida, destacó que “actualmente el 40% en promedio de los activos de los bancos en los países en desarrollo se encuentra en manos de inversionistas del exterior" y, agregó, sus casas matrices "administran a sus subsidiarias como si fueran sucursales. Asignan capital y líneas de negocio a lo largo de todo el grupo hacia aquellos segmentos que ofrecen un pronóstico más atractivo de riesgo y rendimiento".

Del mismo modo criticó que los responsables de las subsidiarias actúen "...como embajadores de la matriz, con muy poco poder de decisión".

Durante dicho evento, Ortiz aprovechó para sugerir que se debería requerir a los bancos locales grandes, incluyendo sus subsidiarias más importantes, que coticen al menos un 30% de sus acciones en la Bolsa de Valores. Esto con la finalidad de que "La participación de accionistas minoritarios en el capital y su representación en los órganos directivos ayudaría a impedir que eventualmente la matriz pudiera tomar decisiones que no fueran favorables para la subsidiaria", agregó.

En general, los señalamientos del jefe del banco central mexicano están orientados a que el poder legislativo haga una revisión a fondo de los mecanismos regulatorios existentes para las instituciones bancarias.

Si embargo, hay que destacar que ello no necesariamente hará que la banca adopte un comportamiento más acorde a los requerimientos de nuestro país. Y es que ya ha demostrado que si bien es muy exigente cuando se trata de castigar a quienes violan sus derechos, no lo es cuando es ella quien contraviene la de sus clientes y deudores.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibe miles de denuncias mensualmente en contra de las instituciones crediticias, mismas que van desde quejas por los servicios que se brindan en los cajeros automáticos hasta por cargos indebidos en todo tipo de cuentas. Y más aún, por el ejercicio de prácticas inmorales e ilegales, tratándose de la cobranza a clientes morosos.

Ello ha llevado al organismo a acordar con la banca, el apegarse a un código de ética, entre cuyos puntos principales destacan: el respeto a la dignidad de la gente, a su intimidad, así como un apego a la legalidad.

Al respecto, consideramos que en un estado de derecho, el dar cumplimiento a la leyes no debe ser motivo de un acuerdo de moralidad, sino de castigo para quienes no las acaten, incluyendo a la banca.

En un mundo que clama cada día más porque se brinden mayores libertades de accionar a los entes privadas, las sugerencias de Guillermo Ortiz seguramente suenan como sacrilegio; sin embargo, consideramos que éstas no deben descartarse a la ligera. Y es que sacan a la luz la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre los efectos que nos ha traído el adoptar un modelo económico de apertura total, el cual no necesariamente responde -y posiblemente tampoco lo haga en un futuro cercano- a los objetivos de desarrollo económico y social que todos queremos.

La terrible desigualdad social que vive nuestro país no es producto de la casualidad. Responde, entre muchas otras cosas, a un política económica que ha permitido que unos cuantos grupos –entre ellos la banca- se lleven los frutos del crecimiento económico del país, por incipiente que éste sea. Que bueno que el gobernador del Banco central sea de los pocos -dentro del propio sistema- que se atreven a denunciarlo.

Viernes, 6 de octubre de 2006.