Enrique M. Rovirosa

El miércoles pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, al dictar una conferencia y después en una sesión de preguntas y respuestas con alumnos de la Universidad Anáhuac, al referirse a una petición que se presentó ante el máximo tribunal de justicia por la presunta violación grave al voto público en la reciente elección presidencial y tomando como fundamento el artículo 97 de la Constitución, dijo que este apartado resulta "totalmente anacrónico, obsoleto" y está "realmente redactado con los pies".

Explicó que su sentir se apoyaba en el hecho de que el citado ordenamiento venía “de una Constitución que existía cuando no había un sistema electoral" y, por ende, ni un Instituto Federal Electoral así como tampoco un tribunal especializado.

Las declaraciones anteriores hubieran pasado desapercibidas si las hubiera hecho cualquier otro personaje de la vida pública, pero por tratarse de quien dirige al grupo más selecto y exclusivo de magistrados en México, encargados precisamente de emitir la última palabra sobre los asuntos jurídicos que llegan a esa instancia, sus palabras resonaron por todos los rincones del ámbito legal.

Y es que en opinión de algunos especialistas, ningún juez, magistrado o ministro debe opinar en público, sobre un caso que se les puede llegar a presentar y, en todo caso, sólo deben de hacerlo a través de sus sentencias.

Desconozco si existe algún ordenamiento jurídico que obligue a los jueces guardar las formas descritas arriba; no obstante, dada la situación que priva en estos momentos en el medio ambiente político nacional, lo menos que puede decirse es que las declaraciones de Azuela Güitron fueron imprudentes y desafortunadas.

Muchos sostenemos que uno de los problemas más graves que padece nuestro país es la falta de una cultura de respeto al estado de derecho y el que las leyes estén sujetas al criterio muy personal de quien las aplica. Y que esta condición es precisamente lo que hace que nos caractericemos por tener un sistema de justicia anacrónico y torcido, que fomenta la impunidad y resulta ineficaz en contra del crimen organizado y la corrupción.

Las palabras del ministro Mariano Azuela confirman lo anterior pues, además de ser contrarias al principio de división de poderes, indican que hay sesgo en quien debiera mantener una posición de imparcialidad. Asimismo, porque pueden interpretarse como un desprecio hacia lo que debe ser una obligación fundamental de todo juez: hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Queda claro, aún para neófitos en materia legal como un servidor, que es facultad del Congreso de la Unión revisar y aprobar las leyes, y de los jueces, aplicarlas. Y no a la inversa. Las críticas que expresó el magistrado son violatorias a esta división de tareas y, por ello, bien merecerían incluirse en los anales de “Ripley”.

¿Será esta manera de actuar una señal que los jueces en México quieren ser los artífices del cambio al sistema legal del país, pasando por alto al poder legislativo?

Si bien la interrogante no deja de ser más que una especulación, no hay que olvidar que dentro de la administración pública, los magistrados son los funcionarios mejor pagados.

El año pasado por ejemplo, de acuerdo a información dada a conocer por uno de los diputados federales, Mariano Azuela obtuvo una remuneración bruta mensual de poco más de 649 mil pesos, es decir cerca de 7.8 millones de pesos anuales.

En total, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron un costo en el año de poco más de 72.1 millones de pesos.

Este nivel de percepciones aunado al poder de decisión que tienen los ministros sobre los asuntos legales del país, los coloca en la más alta posición de privilegio que pueda darse en la administración pública.

Lo anterior, debiera ser motivo suficiente para que todos los magistrados fueran más que cuidadosos y atentos a lo que expresan en público.

Existe un clamor generalizado en cuanto a que es urgente fortalecer el estado de derecho y castigar la impunidad. Los jueces deberían ser los primeros en atender este reclamo y no adoptar posturas que nos llevan a pensar que en nuestro país las leyes son letra muerta.

Viernes, 18 de agosto de 2006.