Lic. Ernesto Z. Herrera *

Desde 1996 los programas de apoyo al campo han sido canalizados a través de la Alianza para el Campo (APC). Esta se ha convertido en la plataforma básica, consolidándose como una institución apta para canalizar los recursos entregados a los agricultores del país, los cuales son ejercidos mediante los criterios de los gobiernos estatales, pero bajo una normatividad diseñada con criterios federales.

En este tiempo, se ha generado un ambiente en la arena del Desarrollo Rural, donde se presentan varios CONFLICTOS.

En primer lugar, los recursos gubernamentales se disputan entre los agricultores pobres contra los agricultores comerciales, donde generalmente salen beneficiados estos últimos, por reunir de mejor manera los requisitos de elegibilidad a criterio de los operativos de la APC.

En segundo lugar, se han desarrollado acciones individuales contra acciones asociativas, lo cual significa que los subsidios han sido canalizados a individuos reacios a la organización o por lo menos a la conformación de grupos con fines productivos, frente a verdaderas empresas con alto índice de capitalización. Sobra decir que los productores no organizados son los más pobres y que, por razones lógicas, no están preparados para formar empresas, especialmente por falta de capital productivo y/o humano, no por falta de voluntad. Por tanto los apoyos de la APC tampoco los favorecen.

En tercer lugar, se presentan dos grandes rubros a donde pueden orientarse los recursos del gobierno, las actividades agropecuarias y las no agropecuarias. Estas últimas han logrado un mejor posicionamiento, dado que se trata de pequeños negocios dedicados a la transformación, al comercio de todo tipo de productos, a las actividades turísticas o cualquier otro tipo de servicios: así como a la acuacultura. Este tipo de micronegocios presentan mejores perspectivas que las agropecuarias, porque no se enfrentan a los riegos que tradicionalmente amenazan a la agricultura o la ganadería, por ser actividades cíclicas.

Por último, se da en el sector rural el enfrentamiento entre los usos nuevos y los tradicionales, lo cual tiene que ver con el desarrollo de tecnologías en todas las etapas de la cadena productiva, en especial en la de industrialización y comercialización. Resulta evidente que los productores pobres están ubicados como los más tradicionalistas, no porque rechacen el uso de nuevas tecnologías sino porque carecen de recursos para acceder a ellas. Por tanto los apoyos de la APC se orientan preferentemente hacia aquellos productores que cuentan con posibilidades y que de alguna manera realizan esfuerzos para utilizar tecnologías de punta en las actividades productivas, como riegos presurizados, maquinaria y equipo para la preparación de la tierra, cosechadoras, equipo de transporte, seleccionadoras, empaques, etc.

Lo anterior ha provocado que los recursos canalizados por la Alianza para el Campo, en sus 10 primeros años, hayan generado un ambiente de inequidad, beneficiado en mayor medida a los productores con un alto nivel de participación en las cadenas productivas, sin lograr la inclusión de los más necesitados en esos procesos, para que aprovechen las oportunidades y mejoren sus posibilidades de éxito. Es por ello también que los resultados de la evaluación de los Programas de la APC, concluyen en lo siguiente:

En el futuro la APC debe ser una plataforma básica, dado que cuenta con una trayectoria institucional consolidada que la hacen competente para elevar la calidad y diversidad de los servicios entregados a los agricultores.

En el mediano y largo plazo la APC debe preocuparse por dos cosas: una, mejorar la competitividad de las cadenas agroproductivas y, otra, procurar la inclusión en ellas de los productores que hasta ahora han permanecido al margen. Para ello es necesaria una mayor precisión de tipo conceptual del rol de los Comités Sistema Producto (CSP) constituidos por las autoridades del sector para conseguir la participación de un mayor número de productores primarios.

En la determinación y aplicación de los recursos públicos de la APC se hace necesaria una revisión profunda de la relación entre los distintos niveles de gobierno, dado que la experiencia reciente de la democracia mexicana indica la permanencia de una serie de tensiones que normalmente existen entre la federación y los gobiernos estatales, requiriéndose un esfuerzo adicional para resolverlas. Para ello la planeación juega un papel importante para generar un marco común que le de coherencia al proceso de ejecución del gasto publico. Otra reforma clave es completar el proceso de descentralización y desconcentración de las actividades clave del desarrollo rural.

Por último se hace necesario continuar avanzando hacia una nueva cultura empresarial de los productores menos favorecidos con el desarrollo, buscando la participación conjunta de los pequeños y medianos agricultores, las empresas agroindustriales y los organismos técnicos privados que sean capaces de presentar propuestas de política agrícola en términos globales.

El desarrollo empresarial también supone una mayor capacidad gremial, es decir crear organizaciones capaces de entregarles servicios profesionales de calidad a sus asociados y asumir la responsabilidad de representarlos frente a los organismos del estado, mostrando su capacidad para establecer una actitud proactiva con las autoridades.

Dicho de otra manera, los productores pobres deben darse cuenta y tomar la decisión de organizarse o aceptar su desaparición, y que deben cumplir con el rol que les corresponde; que necesitan capacidad de negociación para conseguir que las autoridades cumplan con el suyo y que juntos se den las sinergias y se encaminen en la definición de estrategias, dispositivos de fomento y componentes de inversión para un significativo desarrollo rural realmente sustentable.

Mexicali, B.C. a 5 de abril de 2007. 

* Director de HERZA y Asociados SC, Empresa Evaluadora Estatal certificada por la FAO para la evaluación de los Programas de la Alianza para el Campo.    Profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC.

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