Lic. Ernesto Z. Herrera *

En 1995, el gobierno federal diseñó sus políticas de desarrollo para el sector rural, mediante la instrumentación del Programa de la Alianza para el Campo (PAC), mismo que se aplicó a partir del año siguiente.

En los cinco años que siguieron, dicho programa se llevó a cabo sin contar con un marco de referencia específico. Más adelante, a partir del año 2001, se diseñó el Programa Sectorial de Desarrollo Rural, instrumento utilizado por las autoridades federales para aplicar el PAC a nivel nacional, mismo que no fue otra cosa más que una derivación del Plan Nacional de Desarrollo Económico.

En Baja California la situación que se presentó fue distinta. En 1995, al inicio del gobierno del Sr. Héctor Terán, se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 1996-2001, mismo que se hizo sin considerar al PAC.

Posteriormente, a partir de la actual administración estatal, se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo Sectorial 2002-2007, mismo que tampoco consideró al PAC.

Lo anterior ha significado que para las administraciones estatales, este programa estratégico nacional no ha sido un elemento a considerar en el diseño de las políticas, estrategias y acciones tendientes a enfrentar los retos del sector rural de la entidad. No obstante, pese a estas circunstancias, el gobierno federal aplicó y ejerció en el Estado el PAC.

Antes estos hechos, surge la interrogante: ¿Que ha sucedido con el sector rural en el Estado a lo largo de esos 10 años?

La respuesta no deja lugar a dudas: el PIB agropecuario en Baja California redujo su participación en la economía en ese lapso, en cerca de 3 puntos porcentuales, al pasar de 5.9% al 2.9 por ciento En términos reales, la caída en dicho periodo ha sido de casi 1% anual.

Esta reducción se dio pese a que se han mejorado las condiciones de los productores de hortalizas, al modificar su tecnología, especialmente en los de la Costa donde las superficies no se incrementaron como se esperaba, pero si su productividad.

Asimismo, pese al incremento en la producción ganadera, principalmente la de carne de bovino que han realizado productores organizados, mediante los apoyos del PAC.

En general, puede decirse que no ha habido efectos de importancia en el desarrollo rural del estado como consecuencia del PAC. Los objetivos que se plantearon desde su origen no se lograron, independientemente de que existan casos aislados de productores que si resultados positivos.

Y prueba de lo anterior es que la mayoría de los resultados apuntan a niveles irrelevantes. Por mencionar algunos de ellos, esta el hecho de que los apoyos fueron distribuidos entre el 2% de la población objetivo. Asimismo, durante los 10 años de operación que lleva el programa, el Estado participó con una mínima parte de recursos, ya que mientras el promedio de aportaciones de los estados a nivel nacional fue del 30% el nuestro solo aportó el 12%, ubicándose en el penúltimo lugar después de Tlaxcala, no obstante estar entre los seis mas importante en términos de producción y valor de la misma.

Los impactos más importantes logrados en ese periodo de 10 años fueron la capitalización de los beneficiarios, especialmente en actividades primarias, agricultura, ganadería y la acuacultura.

Los niveles de pobreza en la región siguen siendo los mismos. El 90% de los productores primarios siguen inmersos en los productos tradicionales, esperando los subsidios del gobierno para recuperar sus inversiones; sus niveles de organización no han mejorado en lo más mínimo; su participación en las cadenas productivas continúa siendo muy baja y la capacitación ha sido incapaz de generar cambios en la organización hacia el interior de las unidades de producción familiar u otros grupos constituidos.

Ante la situación antes descrita la siguiente pregunta que surge es: ¿Qué es lo que procede hacer para conseguir que los programas de fomento agropecuario estatal redunden en beneficio del sector rural?

Algunos expertos consideran que es necesario elaborar un Plan de Desarrollo Rural Integral y Sustentable, cuyos principios sean la diversidad geográfica y social, el desarrollo endógeno, la territorialidad, la integralidad y la participación democrática, además de los que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Adicionalmente externan la propuesta de realizar un programa de capacitación y asesoría técnica específico a las características del sector rural en el estado, para buscar el desarrollo humano, paralelamente a la capitalización y organización de los productores y detonar un proceso para promover la cultura empresarial en los productores de bajos y medios ingresos del sector.

Este programa debe incluir estrategias para formar y seleccionar prestadores de servicios profesionales, con perfiles adecuados, que permitan la inclusión de otro tipo de extensionistas con visión empresarial en el sector rural.

Además facilitar el proceso de federalización para que los municipios adopten sinergias y desarrollen actitudes enfocadas a los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo y así mejorar los procesos operativos, lograr la reconversión productiva, alargar las cadenas productivas incluyendo en ellas a los productores primarios y lograr impactos verdaderamente relevantes en la economía de la sociedad rural.

Mexicali, B.C. a 31 de agosto del 2006.

* Economista egresado del Instituto Politécnico Nacional con Postgrado en Administración de la Calidad Total, Diplomado en Formulación y Evaluación de    programas y Proyectos de Inversión por la FAO y Profesor de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California.

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