Enrique M. Rovirosa

El sábado 11 de septiembre del año en curso, el Congreso del Estado de Baja California (BC) aprobó que el gobierno de la entidad lleve a cabo la contratación de un paquete de deuda pública por un importe histórico de 2,869 millones de pesos. El recurso se utilizará para financiar un programa de obras en los cinco municipios de la entidad durante los próximos tres años, bajo el nombre de “Programa de Obra Sustentable para la Generación de Empleo y la Reactivación Económica de Baja California”. El promotor de este esquema fue el propio Ejecutivo Estatal quien, para efectos de divulgación, decidió emplear las siglas “PROSPERA BC”.

Cabe mencionar que el programa precede a otros tendientes a resolver los problemas derivados de la crisis económica mundial, mismos que en su momento fueron conocidos bajo las siglas PICE y Progresa.

MONTO DE LA DEUDA

Información del poder ejecutivo estatal refiere que al 31 de julio de este año, la deuda directa a su cargo sumaba 2,099.9 millones de pesos. De igual manera, señala que el servicio de ésta, representaba el uno por ciento del presupuesto anual total.

Con el paquete crediticio recién aprobado, la deuda directa se elevará a más del doble, a 4,969 millones de pesos, y para pagarla se empleará el dos por ciento del presupuesto anual.

El gobierno destaca que la inversión pública que podrá realizar en los 3 años que siguen, sumando el financiamiento aprobado y los paquetes de obras federales, superará la cantidad de 12 mil millones de pesos. Asimismo, que la deuda autorizada permitirá generar alrededor de 16,000 empleos (directos e indirectos).

Desde mi particular punto de vista, la autorización que otorgó la legislatura en este tema es motivo de serios cuestionamientos, no sólo por la forma como llevó a cabo dicho procedimiento sino por una serie de descuidos y omisiones en que incurrió respecto a la información que debió exigir y analizar previo a la venia conferida.

APROBACIÓN FAST TRACK

Lo primero que llama la atención es la rapidez con que se otorgó la autorización. En la sesión del 11 de septiembre, además de aprobarse el endeudamiento solicitado, también se revisaron y sancionaron otros temas de trascendencia para el estado. Esto se tradujo en una anuencia tipo fast track la cual, dada la importancia del tema en la vida económica del Estado, no sólo fue lamentable sino reprobable.

El fallo legislativo no sólo merecía especial atención y cuidado, sino que reclamaba se realizara un proceso de consenso previo con diversos representantes sociales de manera abierta y transparente. A mi parecer, en un sistema que se dice democrático y por simple lógica, ninguna representación legislativa tiene el derecho de duplicar los pasivos de la administración en turno sin antes proceder a un escrutinio específico. Más, cuando la legislatura responsable de hacerlo está a pocas semanas de ceder su lugar a una nueva representación electa.

Las condiciones anteriores hacen sospechar que el pleno actuó en base a intereses y presiones, muy alejado del interés general de la sociedad bajacaliforniana.

Hay que señalar que la poca -por no decir nula- transparencia en el procedimiento no fue responsabilidad exclusiva del legislativo. El gobierno estatal fue corresponsable, pues apenas dio a conocer su intención de buscar el crédito el pasado mes de agosto. Y si bien es cierto que presentó sus planes a diversos organismos empresariales en reuniones privadas, también lo es que la información que exhibió no fue lo suficientemente extensa y clara como para permitir un dialogo objetivo sobre las ventajas y desventajas que traerá consigo dicha decisión.

En este contexto, si bien esta claro que las facultades del Congreso hacen que la decisión acordada sea legal, ello no implica que haya sido ética o moral.

Y es que quedaron muchas preguntas pendientes de formularse como por ejemplo: ¿Por qué si el programa de inversión es a tres años, no se condicionó el monto del crédito a ejercer al grado de avance anual?; ¿Por qué no se pidió que el programa se incluyera en el paquete de presupuesto anual correspondiente al 2011?; ¿Por qué no se exigió un programa de inversión por año?; ¿Dónde están los proyectos ejecutivos de cada obra a realizar? y ¿Cuáles son los tiempos de ejecución de cada una?

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Para justificar la petición de financiamiento, el Gobierno del Estado realizó un documento bajo el mismo nombre del programa PROSPERA BC. Éste contiene una serie de planteamientos respecto a la situación que guarda la entidad en materia de crecimiento económico, así como la necesidad de buscar nuevas oportunidades para el desarrollo futuro. También refiere los proyectos de obra a realizar en cado uno de los municipios beneficiados.

En este sentido, hay que reconocer el interés de las autoridades por revertir los efectos perniciosos de la crisis mundial en la economía regional. Asimismo, su preocupación por impulsar programas que permitan mejores condiciones de vida para los bajacalifornianos. No obstante, los esfuerzos analíticos que se realizaron dejan mucho que desear, al igual que en trabajos anteriores de corte similar.

Hay que destacar que la finalidad del razonamiento que aquí se presenta no tiene como punto central el objetar la posibilidad de que se contrate más deuda, sino cuestionar los procedimientos que se siguieron para ello, mismos que no fueron los adecuados.

Un programa de financiamiento no puede sustentarse sólo en la necesidad de un crecimiento económico mayor y atender carencias sociales. Y es que en ambos rubros es mucho lo que falta por hacer tanto en la región como en el resto del país. ¿Sería esto entonces justificación suficiente para que el gobierno federal, los estatales o municipales, buscaran poner al tope sus capacidades de endeudamiento? ¿Qué alternativas tendrían los gobiernos que les siguieran, si las administraciones previas hubieran pensado y actuado así?

Tampoco basta decir que el gobierno estatal tiene finanzas sanas y que las calificadoras internacionales de riesgo como Standard and Poor’s y Moody’s lo ubican dentro de niveles estables, al otorgarle la calificación de MXAA- y aa1.Mx, respectivamente. Y con ello, que el estado se ubique dentro de las 5 entidades federativas mejor evaluadas. ¿Acaso ser cumplido en los pagos es otra justificante para endeudarse hasta dónde los acreedores lo permitan?

CIFRAS OMITIDAS

Todo gobierno tiene la obligación de presentar un análisis formal y detallado sobre cómo habrá de utilizar los recursos financieros a su disposición. Con mayor razón, aquellos provenientes vía endeudamiento. De igual forma, debe brindar una amplia explicación de cómo dichos pasivos pueden afectar la disponibilidad de recursos a futuras administraciones. En estos temas, el documento que realizó el gobierno estatal se quedó corto.

Así, por ejemplo, alude que el pago de intereses por lo créditos representará únicamente el 2% del presupuesto total estatal. Adolece sin embargo, de un análisis de tipo tendencial o de escenarios probables, en dónde exponga cuales serían las implicaciones de un movimiento al alza de las tasas de interés. Así, por ejemplo, ¿Qué pasaría si las tasas de interés se duplicaran en los próximos años y los niveles de ingresos se mantuvieran igual a los actuales?

En el citado documento se olvidó mencionar que el monto de la deuda actual tiene un costo de 13.8% anual, lo que significó en 2009 erogar casi 298 millones por este concepto. Tampoco detalló que el servicio de la deuda más pago de capital representa el 6% de los ingresos propios. Y que el pasivo actual más el financiamiento total solicitado implicará una erogación anual de alrededor de 590 millones de pesos, al menos. Esto es, alrededor del 11.8% de los ingresos propios, bajo las condiciones crediticias prevalecientes.

Del gasto total que ejerció el gobierno estatal en 2009, únicamente el 17.7% correspondió a ingresos propios, lo que significa que la estabilidad de las finanzas a que se refiere la autoridad, resulta relativa.

¿Y EL COMPROMISO DE EFICIENTAR GASTO?

En el escrito que preparó la administración estatal se establece que: “Los recursos con que cuenta el estado están comprometidos en diversos rubros de gasto, tales como gasto social, participaciones y transferencias a los municipios y procuración y justicia, que representan casi el 85% del presupuesto total”.

Con ello, admite que los recursos disponibles para inversión son muy limitados. Es curioso, pero esta aseveración implica una aceptación tácita de que la próxima administración estatal tendrá a su vez, menos recursos disponibles para la realización de obras, pues tendrá que destinar una proporción mayor del ingreso al gasto. Y la pregunta obligada es ¿Dónde quedaron los compromisos que se hicieron para reducir y hacer más eficiente el gasto corriente, y dar así prioridad al gasto de inversión?

¿NO QUE LA ECONOMÍA MARCHA BIEN?

Como se mencionó anteriormente, entre los objetivos que persigue el programa Prospera BC está el de apuntalar el crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación de empleo en la entidad. Al respecto, cabe preguntar ¿Para qué se necesita un programa de endeudamiento extraordinario si el discurso oficial a lo largo del año, es en el sentido de que estamos en plena recuperación económica? ¿Acaso los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) así como el de la Secretaría del Trabajo, no han afirmado que esperan recuperar alrededor de 60 mil empleos este año? Y respecto a los montos de inversión, ¿No se ha afirmado que se tienen una serie de proyectos en puerta que permitirán que BC ocupe los primeros lugares a nivel nacional por este concepto?

En este estado de cosas, lo menos que puede uno decir es que la petición del gobierno estatal y la actitud del Congreso confunden. Y es que si no existe la urgencia de un programa de inversión como el que se pretende con la contratación de un pasivo sin precedente histórico, ¿Cómo es que lo justifican? Y surge una pegunta más: ¿Cuál es entonces el verdadero propósito que se persigue?

INTERESES POLÍTICOS

Hay quienes sospechan que la real intención detrás de la autorización que se dictó, es la de llevar a cabo una inyección extraordinaria de recursos públicos en los años que le faltan a la administración estatal, con el propósito de revertir la mala imagen que tiene la población del partido al que representa; percepción que se vio reflejada en los resultados de las pasadas elecciones locales, en donde el Partido Acción Nacional (PAN) perdió todas las alcaldías y la mayoría absoluta en el Congreso.

Contribuye a la anterior aprensión el hecho de ser diputados del PAN los que, con su mayoría, fueron quienes aprobaron elevar a más doble el endeudamiento del Estado. Y si bien no existen pruebas sobre las acusaciones que se imputan, a cómo están las cosas en nuestro país, ya nada sorprende.

¿QUE SE RECOMIENDA HACER?

La legislatura que está por entrar en funciones el mes entrante estará dominada por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En relación a otros asuntos parlamentarios, algunos de sus integrantes han señalado que en materia de Leyes, Reglamentos y Autorizaciones, nada es eterno y se pueden cambiar. Con ello, existe la posibilidad que la autorización que se dio para el programa PROSPERA BC se modifique o revierta.

No obstante, todo dependerá de lo que haga la administración estatal en los días que faltan para que se renueve el Congreso, Y es que una vez publicado en el Diario Oficial del Estado el dictamen respectivo, el Ejecutivo podrá convenir con la banca privada o de fomento. Y una vez firmados contratos, la legislatura entrante estaría impedida de efectuar cualesquier cambios.

Dado la importancia del tema, los bajacalifornianos merecemos que se haga una revisión a fondo de todo el procedimiento referente a la autorización expedida para contraer una deuda sin precedente. De ahí que resulta necesario que todos los actores sociales se unan para solicitar al Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, que su administración se abstenga de cualquier negociación, en tanto no se aclaren las múltiples interrogantes que existen al respecto.

Lunes, 13 de septiembre de 2010.