Enrique M. Rovirosa

El pasado día 15 de este mes, el Gobierno del Estado dio a conocer el Programa para Sostener e Impulsar el Crecimiento Económico en Baja California (BC). De acuerdo a éste, los objetivos que se persiguen son: “proteger y fortalecer el empleo, el ingreso, la planta productiva y el nivel de vida de los habitantes de la entidad”.

El citado plan se elaboró tomando como marco de referencia el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), mismo que presentó el Ejecutivo Federal hace unos días, en respuesta a las repercusiones que tendrá la crisis financiera internacional en nuestro país.

Por principio, hay que reconocer que todo esfuerzo por anticipar y preparase para los tiempos difíciles que se avecinan es encomiable; no obstante, también hay que apuntar que todo plan es perfectible y, en este caso, es mucho lo que quedó pendiente de hacerse.

¿Plan Efectivo o Mediático?

En términos generales, el documento está lejos de ser un verdadero plan de contingencia y pareciera, más bien, ser una respuesta mediática a las presiones de algunos agentes económicos por conocer las acciones que habrán emprenderse.

El Diagnóstico

Resulta notoria la falta de un diagnóstico sobre la situación económica actual del Estado. Si bien se indica que “El diseño de este programa considera el entorno económico actual y esperado para el próximo año, así como las principales consecuencias que tiene y tendrá la crisis financiera en México, particularmente en baja California”, en ninguna parte del escrito se hace alusión a la evolución que ha tenido la actividad económica en general, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), y menos del comportamiento de los distintos sectores que la integran. Tampoco presenta un análisis de tipo tendencial o de escenarios probables, ante diversos rumbos que pudieran presentar tanto la economía nacional como internacional. En teoría, todo esto debería formar parte integral de un trabajo de esta naturaleza.

Es de conocimiento generalizado que en los últimos dos años, la actividad económica en el Estado ya venía desacelerándose principalmente como consecuencia del comportamiento a la baja que presentaba la economía de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Asimismo, que esto ha repercutido en forma negativa sobre la generación de empleo formal.

Lo anterior, implica que el Estado ya trae problemas que no son no atribuibles al momento de crisis actual y que requieren conocerse con mayor precisión para así, determinar cómo pudieran agravarse en un momento determinado.

Al no presentar un análisis sobre el cómo y el por qué de la baja en las actividades económicas, el programa de acciones recomendadas para atenuar o remediar la situación no tendrá los resultados esperados, pues no existe garantía de que la atención habrá de centrarse en las áreas con mayor problemática.

Vías por las que se Afecta

El Programa gubernamental hace un intento por esclarecer cuáles son las vías por las que la crisis internacional habrá de afectar al país y a la entidad. Entre otras, menciona la inflación, las fluctuaciones en el tipo de cambio, el diferencial entre las tasas de interés internas y externas, la caída en la demanda de las exportaciones nacionales, la reducción de las inversiones y la salida de capitales por parte de empresas subsidiarias en apoyo de sus matrices. De igual manera, la disminución de las remesas de los connacionales residentes en los EUA, la reducción en las percepciones de los trabajadores transfronterizos, la caída de los ingresos públicos vía precios del petróleo, la disminución del ingreso turístico y la contracción del mercado inmobiliario.

A esta lista faltó agregar el cambio que seguramente se dará en los patrones de consumo y que hará más frugales (ahorrativas) a las personas, en tanto no vean un mejoramiento sustancial de sus perspectivas económicas. Asimismo, la contracción en las actividades bancarias como resultado de una menor disposición de recursos para el otorgamiento de créditos al consumo y a la inversión. También el efecto en las operaciones crediticias interempresas, producto de las limitaciones que impondrá el mercado de fondos crediticios tradicional.

Propuestas de Solución

El Plan divide las propuestas de solución en dos grupos. El primero se relaciona a las finanzas públicas estatales, es decir al ingreso y gasto públicos mientras que el segundo se refiere a cambios en la regulación económica.

Por el lado del gasto, se contemplan cinco acciones: 1) Adelantar la obra pública autorizada, 2) Autorizar nueva obra pública que podría financiarse con ahorros en el gasto corriente, 3) Apoyar a proveedores locales en compras del sector público, 4) Ampliar los créditos vía fondos MIPYMES, y 5) Incrementar el gasto social.

En principio, las acciones que se contemplan por el lado del gasto son las adecuadas; no obstante, no se adoptó un compromiso específico en cuanto a la reducción del gasto corriente. Asimismo, faltó incluir un porcentaje de reducción de sueldos de todos los funcionarios de primer nivel de gobierno, acorde al sacrificio que tendrá que hacer la sociedad para salir de la crisis.

En general faltó mayor detalle en cuanto a qué partidas de gasto deberán reducirse; a manera de ejemplo, cabría preguntar ¿Qué recorte tendrá la de promoción y publicidad en todos los niveles de gobierno, misma que no contribuye en nada a mejorar las labores administrativas o de servicio al público?.

Por el lado de los ingresos, el Plan contempla tres acciones: 1) Mantener bajo control las tarifas públicas, 2) Aplicar descuentos tarifarios a empresas por trámites realizados ante instancias gubernamentales locales y 3) Reducir o descontar impuestos estatales a empresas en riesgo de cierre o relocalización.

Aquí también, se aprecia que estas acciones son adecuadas aunque falta ver que reglamentación habrá de proponerse para evitar que sean otorgadas a empresas que no califican para ello.

Por lo que respecta a las medidas de desregulación, se propone la simplificación y reducción de trámites burocráticos, tanto para empresas nuevas como para las existentes. Asimismo, la revisión de contribuciones de las empresas con el propósito de disminuirlas o postergarlas. En este apartado se repite la intención de reducir los costos de los bienes y servicios públicos que ofrecen Estado y Municipios.

El enunciado de estas acciones bien pudo quedar fuera del Programa, pues el Estado debe considerar como obligatorio, y no como parte de un plan de contingencia o anticíclico, el adoptar las medidas de desregulación necesarias a fin de facilitar el desarrollo de las actividades económicas.

Jerarquización del Gasto

Se establece que el gasto público deberá jerarquizarse con apego a la importancia relativa de cada una de las actividades económicas, así como a los índices multiplicadores de inversión y empleo que genera en cada ramo la inversión pública.

Para ello, presenta una tabla donde se muestran los multiplicadores sectoriales jerarquizados. Destacan en los tres primeros lugares los de Electricidad, Agua y Gas; Construcción e Infraestructura e Industria de la Transformación.

Apoyos Específicos

En base a esta jerarquización, se justifican las acciones de apoyo al sector maquilador de exportación así como a las MIPYMES. En el caso del primero, se refiere que habrá de procederse a fortalecer el Programa de Retención de Inversiones y al Centro PYME Exporta.

Para las MIPYMES, revela que se fortalecerán los fondos de microfinanciamiento de muy bajo costo, se dará apoyo para facilitar tramitología y se proporcionará asistencia técnica gratuita.

En ambos casos las medidas resultan adecuadas; sin embargo, todos los argumentos que se dan a favor de este segmento de empresas se ven opacados ante el monto del gasto destinado a estas labores, particularmente al de las MIPYMES que se incrementa tan sólo de 30 a 60 millones de pesos, entre el 2008 y el 2009. Si bien hay un incremento equivalente al 100%, resulta poco significativo en términos de monto. Más cuando son este tipo de empresas las que sostienen el grueso de la planta laboral en la entidad.

Bajo este contexto, se podría inferir que los fondos para las MIPYMES debería dispararse a una cifra mucho mayor. El no hacerlo, resta importancia a todos los argumentos que se exponen en el documento.

En infraestructura, destaca que la inversión del 2009 con respecto al de este año se incrementa en un 28%, al asignársele un monto de 1,120 millones de pesos.

Subraya la inversión por 500 millones de pesos en la construcción de un CERESO así como la de 121 millones para infraestructura hidráulica en Distrito de Riego 014 Mexicali-Río Colorado. También la inversión de 600 millones de pesos para la construcción y mantenimiento de espacios para escuelas primarias, en comparación a los 440 que se destinaron para este año.

Se mencionan otros programas de inversión de relevancia que, junto con los antes expuestos, elevan la inversión pública total en el 2009 a una cifra record de 2,965.2 millones de pesos. Esta contrasta más que favorablemente con la 2008 que será del orden de 958 millones de pesos, es decir, tendrá un incremento de 209.5 por ciento.

Inversión Extraordinaria

Es posible que el Gobierno del Estado haya pasado a segundo término la revisión conceptual de su programa, dado el incremento extraordinario de inversión que podrá realizar en el 2009. No obstante, ello no borra el hecho de que dicho plan puede mejorarse sustancialmente, sobre todo si se revisa a fondo.

Si los encargados de las políticas económicas piensan que los problemas del Estado se pueden superar sólo con una mayor inversión pública, están muy equivocados. Y para muestra de ello, sólo tienen que analizar lo que ha sucedido en el país en los últimos ocho años, periodo en el cual se obtuvo una cantidad extraordinaria de recursos públicos, gracias a los excedentes petroleros.

A pesar de que se aplicó esta riqueza, el país no pudo crecer como lo exigían las circunstancias y lo que es más, el desempleo avanzó y la desigualdad social se profundizó.

La Solución

En épocas de crisis no basta con adelantar o hacer crecer la inversión pública como pretende hacerlo el programa del gobierno estatal. Se necesita una estrategia que permita reorientar los recursos hacia dónde más se necesitan.

Cualquier texto de economía básica refiere que las recesiones se caracterizan por un descenso del consumo. Y que si bien esta puede ser una solución para las familias en lo individual, resulta contraproducente para la sociedad. Es lo que se conoce como la paradoja de la frugalidad y, para salir de ésta, los manuales también revelan que el Estado debe intervenir para destinar más recursos a revitalizar el consumo y romper con la singularidad del ahorro.

Así, no sólo se requiere invertir más recursos sino que éstos deben dispersarse entre el mayor número de consumidores potenciales, es decir, deben orientarse a generar más empleo y cuanto mayor sea éste, mejor.

Bajo estas circunstancias, el programa de contingencia tendría que cuestionar si vale la pena seguir adelante con los proyectos que se tenían o, si en aras de generar más empleo y tener un mejor impacto, resulta conveniente emprender nuevos. El programa que presenta la autoridad no hace referencia alguna a esta posibilidad. La solución a los problemas que habremos de enfrentar, requieren que se analice esta opción.

Sábado, 18 de Octubre de 2008.