La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, misma que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, informó que en su Tercera Sesión Ordinaria para el análisis de las cuentas públicas de diez entes fiscalizados correspondientes al ejercicio fiscal 2022, procedió a rechazar las correspondientes a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Destaca que, en el caso de la CESPT se observó, en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, la contratación de dos empresas para recuperación de ingresos vencidos por concepto de agua potable y alcantarillado, por un monto de 55 millones 91 mil 763 pesos, sin obtener los resultados esperados, estimando únicamente un 5% de recuperación al año. Se observó, además, que la instalación de reductores a los medidores habitacionales no está plasmada en ninguna normatividad vigente.
En la sesión correspondiente también se pusieron a consideración los proyectos de Dictamen a las Cuentas públicas del Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Pública de Mexicali; Centro de Conciliación Laboral del estado de Baja California; Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California; el Colegio de Bachilleres del estado de Baja California (COBACH); la Fiscalía General del Estado (FGE); y las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Tecate (CESPTE) y Tijuana (CESPT).
Conforme al informe, las observaciones más recurrentes son saldos en cuentas por cobrar, pagos no autorizados para financiarse con recurso federal, falta de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), falta de incorporación de perspectiva de equidad de género en el Programa Operativo Anual, adquisición de bienes por adjudicación directa, falta de timbrado ante el SAT, pagos sin presentar los contratos respectivos, entre otros.
