Durante la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda de este miércoles, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Daniel Amador Barragán, anunció que se finalizó el litigio internacional que se tenía por la cancelación del proyecto original de la planta desaladora de Playas de Rosarito luego de que se pagaran 800 millones de pesos a la empresa Aguas de Rosarito, en parte como indemnización y en parte para comprar el terreno donde se construirá una nueva planta, ahora con recursos públicos.
El funcionario señaló que el proyecto original fue torpemente cancelado por el exgobernador Jaime Bonilla, pero que se continuará gracias a la adquisición del terreno a través de Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y solo falta que éste lo entregue al gobierno del estado.
Amador Barragán mencionó que la demanda fue retirada el mes pasado. En ésta, se exigía una indemnización de 100 millones de dólares.
Cabe recordar que el proyecto se concertó durante la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019). Y que dicho acuerdo implicaba que la construcción y operación de la planta significaría un costo para el gobierno estatal de 149 millones de pesos mensuales por 37 años. Por considerar que dicho pacto era una carga irresponsable, en 2020 la administración de Jaime Bonilla procedió a cancelarlo unilateralmente, lo que originó el mencionado litigio.
El nuevo proyecto de construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito llevará alrededor de tres años.
