Ante la falta de una regulación más estricta, condición que ha permitido a empresas desarrolladoras de fraccionamientos evadir responsabilidades, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja anunció la entrega de una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, misma que busca sancionar y confinar a “muerte administrativa” a estas empresas, lo que les impediría seguir operando.
Lo anterior se deriva de que hay empresas constructoras que desaparecen sin haber cumplido con la entrega de servicios públicos esenciales, como drenaje y recolección de basura. “Nos encontramos con casas que cuentan con registros de evacuación, pero el desarrollo carece de la red de drenaje, en otros se colocaron las banquetas y guarniciones, pero no se pavimentaron las calles, en todos los fraccionamientos en esta condición los vecinos se ven obligados a contratar por su cuenta el servicio de recolección de basura que va desde los 180 pesos semanales a los 200”, comentó.
Aunque la ley en materia establece requisitos y fianzas para garantizar la entrega de los fraccionamientos con los servicios correspondientes, la iniciativa contempla sancionar a las empresas que no cumplan con la entrega de la urbanización con una multa del 5% del valor de los lotes del fraccionamiento. Si la falta de entrega se convierte en un incumplimiento definitivo, la empresa será inhabilitada durante un periodo de diez años.
Además, para obtener autorización para urbanizar un fraccionamiento, la empresa debe demostrar que sus accionistas no están relacionados con otras entidades sancionadas por incumplimiento en la entrega de obras. Si una empresa utiliza presta-nombres para evadir este requisito, se le revocará la autorización respectiva.
