La Comisión de Fiscalización y Gasto Público del Poder Legislativo de Baja California informó que llevó a cabo su Primera Sesión Ordinaria donde se realizó el análisis de los proyectos de dictamen de las cuentas públicas de once entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
En dicha sesión se presentaron y pusieron a consideración los Proyectos de Dictamen referentes a las cuentas públicas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM); Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente (FOGABAC); Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET); Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada (INMUDERE); Instituto Contra las Adicciones del Estado de Baja California; Patronato de las Fiestas del Sol de la ciudad de Mexicali; Instituto de Identidad vehicular y Combate a la Contaminación del estado de Baja California (INVEC); Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE); Instituto de Psiquiatría del estado de Baja California (IPEBC); Concejo Municipal Fundacional de San Felipe; y del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín. Las entidades a las cuales no les fue aprobada la cuenta pública, corresponden al Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET); al Patronato de las Fiestas del Sol de la ciudad de Mexicali (FEX); al Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del estado de Baja California (INVEC); al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE); y del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín.
Como resultado de diversas observaciones sin solventar y hallazgos establecidos en el Informe Individual de Auditoría, se rechazaron las cuentas públicas del IMDET, FEX, INVEC, INIFE y CMFSQ. Entre las observaciones más recurrentes estuvieron la falta de programas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, falta de pago de ISR, contratos sin planeación de obra, falta de control de calidad en obras, adjudicaciones directas, falta de contratos de proveedores, falta de control de medicamentos sobre la entrada y salida de éstos, falta de cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Baja California y sus Municipios, y el hecho que no se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de San Felipe.
