Enrique M. Rovirosa

Una vez más, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha dado muestras de incompetencia y autoritarismo al promulgar disposiciones tendientes a controlar los depósitos en dólares en las Instituciones financieras nacionales con objeto de coartar aquellas que son procedentes de las actividades ilícitas.

Si bien es cierto que nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se combata al crimen organizado, también lo es que dicha lucha tiene que llevarse a cabo con estrategias y acciones que no sólo garanticen el éxito, sino que lo hagan con un mínimo costo social.

Las autoridades se han olvidado de esta elemental premisa y han adoptado una actitud de intransigencia que ya peca de enfermiza, pues es de sobra conocido que la estrategia anticrimen ha demostrado ser ineficaz y estar encaminada al fracaso. De nada sirve que expertos nacionales y extranjeros critiquen lo que se hace. Para el Ejecutivo Federal, éstos últimos son los que están equivocados. Si bien nadie puede descartar que así sea, las cosas se demuestran con hechos y no con palabras.

Al presentar las nuevas reglas de operación para las transacciones en dólares, el titular de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, señaló que en los últimos años se registra un excedente de casi 10 mil millones de dólares (mdd) anuales, cuya procedencia es difícil de explicar.

La estimación del responsable de las finanzas públicas se dió días después de que se conociera el resultado de un Estudio Binacional de bienes ilícitos, en donde se afirmó que entre 19 mil y 29 mdd en efectivo, pasan anualmente de los Estados Unidos de América (EUA) a México para sostener operaciones de las organizaciones criminales en el tráfico de drogas.

Cuando leí las palabras de Cordero consideré que, de ser correcto el monto de 10 mdd, se trata de un cantidad muy importante de dinero. Representa casi la mitad de lo que el país recibe de Inversión Extranjera Directa o la mitad de lo que remiten los mexicanos en el extranjero a sus familias en México. Asimismo, equivale a la cuarta parte de los ingresos por exportación de petróleo.

Si a la cifra anterior se le aplica un efecto multiplicador en la economía, digamos de 1.4 veces, los diez mil mdd se convierten en un monto equivalente a 14 mil mdd.

Inmediatamente se me vino a la mente la siguiente pregunta: ¿Acaso el gobierno pretende que deje de ingresar a la economía este caudal de recursos “de golpe y porrazo”? Si es así, ¿Ya estudió bien las consecuencias que esta medida traerá?

Para mi resulta obvio que no se ha hecho ningún análisis al respecto, pues de ser así el gobierno no estaría actuando como lo hace. Más cuando apenas empezamos a salir de la recesión económica más profunda que se haya registrado en la historia moderna.

Se estima que crear un empleo en México requiere de una inversión aproximada de 3 millones de pesos. Catorce mil millones de dólares -a un tipo de cambio de 12.50 pesos por unidad- equivalen a 175 mil millones de pesos. Esta cifra en términos de empleos, equivale a generar alrededor de 58 mil plazas anuales. En un país que apenas puede crear 600 mil, estamos hablando de restringir casi el 10 por ciento de los empleos anuales.

Todo gobierno está más que obligado a no tomar decisiones a la ligera. De ahí que todos aquellos que han manifestado su apoyo incondicional a la decisión de las autoridades centrales, deberían de tomarse un tiempo para encontrar respuestas a las interrogantes que surgen del análisis anterior. Más cuando muchos de los dólares en cuestión, circulan fundamentalmente en las franjas fronterizas. Esto implica un efecto más concentrado en las economías de los estados del norte del país, independientemente de los problemas logísticos que las medidas de control habrán de significar en la vida diaria de los negocios.

Otra cuestión que queda pendiente de análisis es lo relativo a que va a suceder con los dólares que no se acepten en la banca mexicana. Dado que una gran parte de ellos se manejan en la zona fronteriza norte y dada la permeabilidad de las operaciones que existe entre ambas fronteras, se sabe por experiencia, que muchos de ellos van a regresar a los bancos norteamericanos mediante operaciones hormiga. Es decir, muchos mexicanos van a optar por depositar los dólares que reciben en México en la banca estadounidense, al no existir restricciones de llevárselos salvo el de declarar ante las autoridades migratorias de ese país cuando lleven más de diez mil dólares en efectivo.

Lo anterior da lugar a especular sobre si la medida que está adoptando el gobierno mexicano no es a instancias de las autoridades norteamericanas, a quien por cierto no le cae nada mal que regrese a ese país gran parte del dinero ilícito que ahora beneficia a México.

La experiencia internacional indica que todos los gobiernos se enfrentan a problemas derivados de lavado de dinero, aún en los propios EUA. Sin embargo, no vemos que en ese u otros países se adopten medidas tan radicales como las que pretende el gobierno mexicano.

Los gobiernos de otras naciones, antes de actuar en ese sentido, estudian las consecuencias que pueden traer sus actos. De ahí que cuando se deciden a hacerlo, por lo general recurren a acciones graduales que van ajustando de acuerdo a las circunstancias. Y es que, como dicen los médicos, “hay que combatir la enfermedad, pero sin matar al paciente”.

Por lo visto, el gobierno de Calderón no entiende. Se fue con todo contra el crimen organizado, sin medir las consecuencias de poner al ejército al cargo de una operación para la que no está preparado. Implementó el programa SIAVE, sin estudiar sus efectos sobre la as actividades comerciales y turísticas en la frontera. Y ahora, implanta un control sobre depósitos en dólares sin que tampoco haya hecho estudios sobre sus efectos perniciosos en la economía regional y nacional.

De ahí, que es necesario que todos los sectores, particularmente los que operan en la franja fronteriza, levanten la voz y exijan de todas las autoridades involucradas responsabilidad y transparencia. Esto, con la finalidad de que hagan publica la evaluación de los efectos que tendrá la medida en la economía regional en el corto, mediano y largo plazos.

Viernes, 18 de junio de 2010.