Enrique M. Rovirosa

El 11 de mayo próximo pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Mungaray Lagarda, declaró al periódico La Crónica que no tenía elementos para saber si Baja California estaba o no en recesión. Esto, a pregunta expresa sobre qué opinaba de la proyección que maneja el Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial de Mexicali (Ceesem) de un decremento de -4.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) estatal en 2009.

Un reportero del mismo periódico me entrevistó al respecto y le indiqué que si el responsable de promover la actividad económica en el Estado no sabía la situación que guarda ésta, entonces debía renunciar a su cargo pues es su obligación saber lo que pasa en la entidad en esta materia y actuar en consecuencia.

De la controversia surgida, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Edmundo Guevara Márquez, tuvo un encuentro con el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, y ahí acordaron llevar a cabo una reunión formal con objeto de aclarar el debate.

Desde que supe de dicho compromiso expresé mis reservas al respecto, pues desgraciadamente se ha hecho costumbre que cada vez que se presenta un tema controversial, el gobierno recurre a integrar comisiones o comités entre otros para estudiar y dar seguimiento a cada caso. Esto se traduce en alargar las soluciones de los asuntos con costos muy elevados, tanto en términos de recursos económicos como en tiempo que se invierte.

Mi preocupación anterior se la manifesté personalmente al líder empresarial y la dejé plasmada en un artículo que publiqué el 15 de mayo bajo el título: “Decepcionan Economistas en Gobierno de Baja California”. Esto, a sólo 4 días después de haberse formalizado el pacto.

En esa ocasión hice una serie de planteamientos relativos a la falta de transparencia del gobierno estatal en el tema económico. Destaqué también que éste no quiere reconocer que Baja California está en recesión y que, si bien es cierto que la autoridad debe ser optimista respecto al futuro, ello no justifica que recurra a mentiras, maquille la información o esconda aquella que resulte contraria a sus posturas.

Advertí que la Sedeco ha ocultado información sobre la marcha de la economía regional siendo que es su obligación no sólo ponerla a disposición del público sino, incluso, presentar estudios y análisis sobre aquellos temas económicos de relevancia, como es el caso del impacto de la crisis en la economía local y el empleo.

A este respecto, sería conveniente que las autoridades repasaran la Constitución General del Estado, en especial los artículos 7 y 49, la Ley de la Administración Pública de Estado (Capítulo IX, Artículo 28), la Ley de Transparencia (Capítulo II, Artículo 5), el Reglamento Interno de la Sedeco (Artículo 16, Fracción III y IV) así como la Ley de Planeación del Estado (Artículo 14), entre otras disposiciones, mismas que de una u otra forma les exigen proporcionen la información que ahora pretenden consensuar y/o analizar de manera coordinada con una instancia privada.

También deberían revisar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (Artículo 46), misma que exige cumplir con diligencia, respeto y rectitud las obligaciones inherentes a sus cargos.

Al margen de lo anterior, hoy se informó a través del referido diario La Crónica, que representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y el CCE de Mexicali sostuvieron una “primera reunión de acercamiento para buscar un consenso sobre información de los diferentes indicadores económicos regionales”.

Debo señalar que fui invitado a participar en este encuentro pero decline hacerlo hace unos días, cuando conocí el contenido de la agenda que había preparado la Sedeco. Entre otras observaciones, porque ésta no incluía el tema de la transparencia en materia de información económica, elemento que fue el punto que dio origen a estas reuniones.

Mi decisión obedeció también, a que no comparto la necesidad de “armonizar esfuerzos” o llegar a consensos en cuanto a la interpretación de los indicadores como busca la administración estatal. Y es que por Ley, la Sedeco está obligada a proporcionar la información estadística regional para que cada quien la interprete como quiera y pueda.

Dar largas a este deber habla mal de los responsables del manejo de la información, pues el Ejecutivo estatal debe ser el primero en poner el ejemplo tratándose del respeto al Estado de Derecho. Considero que ya es tiempo que todos exijamos se cumpla con este principio básico.

Como lo he dicho anteriormente, me parece lamentable que sean colegas en la Sedeco quienes se nieguen a ser transparentes. Pero resulta especialmente lamentable, que uno de los principales responsables de esta negativa sea quien no hace mucho tuvo a su cargo la conducción de nuestra máxima casa de estudios: la UABC.

Si bien es cierto que la mayoría ya nos hemos acostumbrado a que los políticos se resistan a cumplir con sus obligaciones, la verdad resulta más que paradójico que esta misma actitud venga de quien simboliza -quiérase o no- a la clase intelectual de nuestro país. Creo que Mungaray Lagarda no ha meditado acerca de lo que implica que una figura de su trayectoria mantenga una postura contraria a la transparencia y, por ende, a la democracia. Ojala alguien cercano a él le haga reconsiderar, pues nunca es tarde para enmendar errores.

Jueves, 11 de junio de 2009.