Enrique M. Rovirosa

Como bajacaliiforniano y economista estoy decepcionado del desempeño que han tenido hasta ahora mis colegas en el Gobierno del Estado. En particular, no apruebo el manejo que han hecho de la información económica como tampoco la falta de transparencia.

Debo destacar que por muchos años he sido de la idea de que la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco) y otras áreas de esta dependencia, deben estar a cargo de economistas. A pesar de las opiniones que aquí vierto, sigo convencido de que así debe ser.

Hace unos días, declaré al periódico regional La Crónica, que Baja California está en recesión desde la segunda mitad del 2008 (Ver BC: Estado Si Está en Recesión) y que si el titular de la Sedeco no se ha percatado de ello, entonces debería renunciar a su cargo pues es su obligación saberlo y actuar en consecuencia (Ver BC: Ignora Sedeco Si Hay Recesión en el Estado).

Argumenté que los indicadores económicos disponibles a la fecha, aportan elementos más que suficientes para advertir la contracción que se experimenta en la entidad, por lo que la confusión que han creado las autoridades estatales al respecto es más que desafortunada. Y es que una cosa es que el gobierno se mantenga optimista tocante a que la situación económica habrá de mejorar y otra muy distinta, que recurra a mentiras, maquille la información o de plano niegue lo que es evidente para todos.

Y si no esa así, cabría preguntar: ¿Para que procedió el propio ejecutivo estatal a elaborar un programa anticrisis en el mes de octubre del año pasado denominado “Programa para Sostener e Impulsar el Crecimiento Económico en Baja California” (PSICE)? Y lo que es más, ¿Para qué reforzarlo en enero y rebautizarlo con el nombre de “Programa de Protección a la Economía Familiar y de Generación de Empleo” (PROTEGE) si no fuera precisamente para afrontar las condiciones recesivas?

También habría que pedir que explique ¿Cómo es que en menos de un año la entidad ha perdido más de 60 mil empleos formales?, cifra que supera la merma de 45 mil plazas que se tuvo durante la recesión que registró la entidad en 2001 a la vez que representa casi el 13% de la pérdida total de empleos en el país.

Y en este mismo tenor, ¿Por qué descalificar las cifras de desempleo que se obtienen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), cuando son éstas las que utiliza el gobierno federal para dar seguimiento al problema de desempleo formal en el país?

De igual manera, ¿Qué significa la caída de la recaudación de ingresos tributarios en el Estado y los Ayuntamientos? ó ¿Por qué los centros comerciales en distintas ciudades muestran cada día más locales vacíos?

Y así podríamos continuar enumerando una serie de preguntas relacionadas al deterioro que experimentan la mayor parte de las actividades económicas del Estado, sin menoscabo de los casos de excepción que existen.

Hasta ahora, el gobierno estatal no ha presentado un recuento sobre cuáles son las condiciones que guarda la economía de la entidad. Y lo que es más, no sólo elude su responsabilidad que tiene en este sentido, sino que adopta acciones para ocultar la información que permita aclarar el estado de cosas.

El titular de la Sedeco, Alejandro Mungaray Lagarda, fue nombrado en noviembre del año pasado. Lo primero que hizo fue cancelar la publicación de un reporte que se hacía mensualmente desde hace más de 10 años, con las cifras más relevantes, denominada “Estadísticas Básicas de Baja California”. El argumento que dieron para ello fue que sería una medida temporal, en tanto se revisaba y mejoraba su contenido.

Han transcurridos cinco meses y la citada publicación no aparece como tampoco mucha otra información que fue retirada del sitio de Internet de la referida dependencia. Con ello, el ejecutivo estatal marcó un retroceso en materia de transparencia económica como nunca antes se había dado.

Desde mi particular punto de vista, el hecho que sean economistas los responsables de lo anterior resulta doblemente reprobable, pues no sólo faltan a la ciudadanía sino a aquellos que estamos comprometidos con nuestra profesión. Ya demasiado daño nos hizo Carlos Salinas de Gortari a los economistas como para que otros nos hundan más.

En privado, las autoridades estatales dicen que es preferible ocultar la verdad en materia económica que alarmar a la población. Sin embargo, se les olvida que la mayoría ya padece las secuelas de la crisis por lo que “de nada sirve que les cuiden el sueño”.

Por otra parte, si bien no se dice, algunos sospechan que la actitud del gobierno responde a intereses de tipo político, pues ya comenzó el proceso electoral. Así, una vez más el interés nacional (y en este caso el estatal) queda supeditado a la voluntad de unos pocos.

Soy un convencido de que en México es tiempo que hablemos de manera franca y abierta sobre los problemas que nos aquejan, pues sólo así podremos aplicar las soluciones que se necesitan. Ocultarlos y hacer como que no existen sólo conlleva incurrir en más costos, amén de seguir engañándonos de que todo está bien y que vivimos, por que no decirlo, en Fantasylandia.

Desgraciadamente, en nuestro país la crítica abierta sirve de poco. Los políticos y la alta burocracia se consideran infalibles y, por lo general, nada los conmueve. Esto, aunado al avance desmedido de la impunidad, nos lleva al estado clásico del “aquí no pasa nada”.

No obstante, en respuesta a mis declaraciones y el posicionamiento de apoyo que brindó al respecto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, el Gobernador del Estado acordó se integre una Comisión de especialistas para transparentar los indicadores económicos. De acuerdo a una nota aparecida este viernes 15 de este mes en el diario La Crónica, participarían asesores del CCE, Cetys, UABC así como la Sedeco.

Admito que la respuesta de las autoridades es una indicación de que la crítica que hicimos llamó su atención. No obstante tengo serias dudas respecto a la intención que lleva el crear una comisión especial. Y es que la experiencia demuestra que la mejor manera de asegurar que las cosas no avancen es precisamente la de crear comisiones o comités.

A mi parecer, el gobierno estatal tiene elementos más que suficientes para corroborar el estado que guarda la economía local. Y en última instancia, si no los tiene, puede solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le proporcione información adicional. De manera especifica, aquella a la que ningún analista o investigador privado podemos acceder. De ahí que no encuentro justificante práctico o legal para que busque transferir una responsabilidad de Estado a organismos descentralizados o privados.

La Secretaría de Hacienda no realiza foros con analistas de los bancos o las universidades para determinar cuál es el estado de la economía nacional. Cada uno, tiene libertad de emitir su punto de vista. Y si bien pueden diferir en cuanto a la profundidad de los problemas actuales o futuros, es precisamente dicha diferencia lo que hace que el dialogo contribuya al mejoramiento de las cosas. Ojala el Gobierno del Estado acepte este posicionamiento y cumpla con el cambio que prometió.

Viernes, 15 de mayo de 2009.