Enrique M. Rovirosa

Sólo en México pueden registrarse casos de corrupción, a la vista de todos, sin que las autoridades responsables de evitar y sancionar este tipo de sucesos hagan lo más mínimo de lo que se espera de ellas. Y como dice el refrán popular “para muestra un botón”.

El año pasado, el presidente municipal de Mexicali, Rodolfo Valdez Gutiérrez, firmó un contrato por valor de poco más de 61 millones de pesos con una empresa de nombre “Ecopavements”. Dicho arreglo permitiría llevar a cabo el reciclado de 800 mil metros cuadrados de pavimento en la ciudad. Las obras debían iniciar en septiembre y concluirse, a más tardar, a finales de diciembre del mismo año.

Desde su inicio, el proceso de contratación presentó serias anomalías. En primer lugar, no se sujetó a licitación pública como era de esperarse, dado el monto a invertir. En segundo, la empresa contratada era desconocida. Al tiempo se sabría que se trataba de una firma local de reciente creación, misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad dos meses antes de que se le asignara el contrato, por lo que era obvio que no contaba con la experiencia mínima que debía exigirse en una obra tan importante.

La autoridad municipal justificó su proceder aduciendo que la tecnología a emplearse era de lo más avanzado en el mundo. Hizo alarde de la inversión de Ecopavements en la adquisición de una maquina especializada, denominada AR 2000, destacando que ésta tenía la capacidad de cubrir un área de 10 mil metros cuadrados diariamente. Asimismo, que la “Súper Recicladora” podía significar “un 35% de ahorro en costos del material y 50% de ahorro en tiempo de la ejecución de la obra.”

Fue en este contexto que se cerró la negociación. No obstante, al llegar la fecha de terminación del contrato la firma había cumplido tan sólo con un 40% de la obra. Y lo más grave, los trabajos ejecutados presentaban serias deficiencias: el pavimento se había levantado en algunas partes y en otras, lucía ondulaciones y desniveles de consideración.

Fueron las propias autoridades quienes se encargaron de salir en defensa de la citada empresa. Para ello, externaron una serie de justificantes entre los que estuvieron los siguientes: primero, que hubo condiciones climáticas adversas (mucho frío) y , segundo, que el pavimento existente en algunos tramos, no tuvo los espesores mínimos que exigía la maquina utilizada en los trabajos.

Ante estos considerandos, el ayuntamiento procedió a ampliar el plazo del contrato hasta el mes de mayo de este año, no sin antes aclarar que obligaría a la empresa a cubrir las sanciones estipuladas en el contrato aunque sin decir en que consistían.

Lo más grave de este asunto no estriba en las observaciones que se mencionan arriba, sino en el hecho de que gran parte del pavimento que se ha reciclado ¡No requería de dicho trabajo para empezar!

No se necesita ser especialista en pavimentos para señalar que la avenida Francisco I- Madero y calzadas Justo Sierra y Cety’s así como la calle Argentina, todas ellas sujetas a reciclado, eran vialidades que presentaban las mejores condiciones para circular por la ciudad y que, cuando mucho, lo único que precisaban era de un mantenimiento preventivo.

Al respecto, hay que señalar que el Ayuntamiento nunca presentó cifras sobre cual hubiera sido el costo de aplicar mantenimientos tradicionales versus el utilizar la "super maquina" AR 2000.

Cientos de calles por todo Mexicali presentan condiciones más que deplorables por lo que el recurso aplicado en este contrato bien pudo utilizarse para cubrir necesidades más urgentes.

El reciclaje de pavimentos que hizo el Ayuntamiento equivale a tirar una casa que tiene 5 años de haberse construido y sólo requiere leves reparaciones para que luzca bien. De ahí, que debe aclarar si existió un estudio para justificar su proceder y quien fue el que lo elaboró.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, las autoridades han declarado que analizarán en su momento, la posibilidad de recontratar a la empresa para otros trabajos de reciclado, una vez que concluya el presente compromiso.

¡Vaya Ignominia!

En cualquier país que se jacte de ser medianamente democrático, ya habrían rodado cabezas ante estos hechos. En cambio, aquí no pasa nada y lo peor, se nos amenaza con repetir la dosis.

En México más del 50% de la población es pobre y alrededor del 25% vive en condiciones de pobreza extrema. Por ello, no podemos permitirnos el lujo de derrochar los escasos recursos públicos con que se dispone. Tampoco callar ante actos de corrupción a la vista de todos.

No deja de sorprender que sólo un puñado de reporteros se han atrevido a denunciar este atropello. De igual manera, que los colegios de profesionistas relacionados al ramo de la construcción tampoco han exigido una investigación a fondo. El hecho de que la empresa en cuestión sea local y, por ende, propiedad de personas conocidas, no la exime de responsabilidad como tampoco se justifica el silencio o la complicidad de quienes participamos de manera activa en la opinión pública.

Hay que tener claro que la corrupción es un acto criminal tan reprobable como el secuestro. De ahí que todos los organismos empresariales deberían manifestar su repudio con la misma contundencia que han exteriorizado tratándose del tema de la inseguridad.

Es tiempo de que en México dejemos de navegar con doble bandera. Si en verdad queremos acabar con el crimen organizado y la inseguridad debemos condenar todo aquello que atenta contra nuestra libertad. Por ello, lo mismo hay que combatir a los criminales que a los corruptos, pues unos y otros viven a nuestra expensa y son una amenaza.

Viernes, 1 de mayo de 2009.