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Seguridad: ¿En Manos de Quiénes Estamos?

Enrique M. Rovirosa

Procurador General del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, y  Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya

Es indiscutible que, en materia de seguridad pública, México atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. El número de asesinatos que se cometen a diario no sólo son de llamar la atención por el número que han alcanzado sino también, por la bestialidad con que han sido ejecutadas las víctimas.

Tan sólo en los últimos siete días, en la ciudad de Tijuana fueron asesinadas 53 personas lo que demuestra que la violencia no tiene para cuando acabar. Mientras esto sucede, los principales personajes encargados de la procuración de justicia se caracterizan por estar inmersos en una serie de escándalos que van desde ineptitud hasta corrupción e impunidad.

Y en este sentido no hay quien quede libre de culpa. Lo mismo al interior de las dependencias y poderes del ámbito federal que en el estatal.

Hace unas semanas, el titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SPP), Genaro García Luna y el subsecretario de esa dependencia, Facundo Rosas Rosas, fueron expuestos por una investigación que realizó la revista “Reporte Indigo”. En está se demostró que, al menos, han sido infractores flagrantes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues mintieron en varias ocasiones a los medios de comunicación en el caso de los plagiarios del joven Fernando Martí Haik (ver mi artículo titulado: “Aquí, Mentir No Cuesta Nada”).

Pese a la contundencia de las denuncias, nadie ha hecho nada al respecto y estos personajes ni siquiera se han molestado en dar una disculpa pública por las mentiras en que incurrieron.

Aún cuando resultase que las falsedades de dichas autoridades no obedecieron a situaciones de más fondo, demuestran que se trata de protagonistas faltos de moral que pone en entredicho el cómo habrán de resolver los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad.

Por otra parte, en el caso de Baja California, los encargados de la procuración de justicia no se han quedado atrás.

Primero estuvieron las denuncias públicas que hizo el General Sergio Aponte Polito, Comandante de la Segunda Región Militar, allá por el meses de abril y mayo, en las que señalaba que autoridades de primer nivel de la administración de Eugenio Elorduy habían proporcionado protección a ciertos grupos del crimen organizado en la entidad.

En vez de que estas imputaciones fueran escuchadas por la administración en turno, el propio militar acusó después al Procurador General del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya, de incompetencia y de intentar desprestigiarlo. Como ya es de conocimiento público, sus acusaciones de poco sirvieron y, lo que es peor, terminaron por ser el motivo para que se le retirara del puesto, a pesar de los éxitos que registraba en el combate contra el crimen organizado.

En segundo término está el reciente motín en la penitenciaria de La Mesa en Tijuana, mismo que puso en clara evidencia la ineptitud y falta de probidad de las autoridades de procuración de justicia en la entidad.

Hasta ahora ninguno de los funcionarios de primer nivel ha aceptado su responsabilidad en la muerte a mansalva de al menos 24 prisioneros, ni tampoco por el intento de ocultar los hechos. Menos aún, de las decenas de reos que están desaparecidos, según denuncia que obra de familiares de estos últimos.

Y si bien es explicable que los funcionarios involucrados prefieran callar, lo que resulta extraño es que el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, así como otras instancias superiores federales no estén comprometidos a esclarecer los hechos.

Los partidos de oposición han levantado la voz solicitando las destituciones del Secretario de Seguridad Pública, el Procurador de Justicia y el jefe jerárquico de ambos, el Secretario General de Gobierno.

Desgraciadamente, lejos de considerar la validez de la petición ante la contundencia de los hechos, se ha desvirtuado la petición argumentando que se trata de una maniobra política. Instancias del gobierno estatal así como del Partido Acción Nacional en la entidad promueven que es simplemente un ataque en contra del dirigente estatal de este último, Andrés De la Rosa, pues es hermano del Secretario de Seguridad Pública.

Con este testimonio, ignoran un auténtico reclamo de la sociedad bajacaliforniana y de todo el país, de que ya es tiempo de contar con autoridades preparadas, eficientes y honestas. Es inaceptable que ignoren esta petición justificando su proceder con explicaciones absurdas sobre supuestos ataques políticos.

La verdad, como dice el refrán popular, en México hemos puesto “La Iglesia en manos de Lutero”, pues ya no sabemos a qué bando pertenecen aquellos que están para salvaguardar nuestra integridad. Y si bien puede haber situaciones en que no existe esa duda, en muchos de estos casos nos encontramos que se trata de personas ineptas. Y que por lo mismo, no sirven para el fin que se les contrató. Sostener a estos personajes en sus puestos a sabiendas de que no son idóneos, constituye no sólo un acto de corrupción sino uno equiparable con el de un crimen imprudencial. Ojalá el Gobernador entienda esto, recapacite y haga los ajustes necesarios.

Sábado, 4de octubre de 2008.

 
 

    

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