Enrique
M. Rovirosa
En días pasados, el gobierno del Presidente
Felipe Calderón presentó ante
el Congreso de la Unión su propuesta
de reforma fiscal integral. Después de
analizar con detenimiento el ofrecimiento, podemos
señalar que si bien ésta presenta
aspectos novedosos como es el sustituir el Impuesto
al Activo por el de la Contribución Empresarial
a Tasa Única (CETU) y el gravar con 2%
los depósitos en efectivo como un mecanismo
para combatir la economía informal, la
verdad es que la proposición no deja
de ser lo que los fiscalistas llaman una extensa
miscelánea fiscal -por no decir una “miscelanota”-
cuyos fines son claramente recaudatorios, muy
lejos de la verdadera reforma que le urge al
país.
Es de sobra conocido que las finanzas públicas
están petrolizadas, es decir, que dependen
en una proporción mayúscula -de
más de 38 por ciento- de los ingresos
del energético. Asimismo que, de mantenerse
los niveles de explotación actual y no
ampliarse el nivel de reservas probadas, en
un plazo de poco menos de diez años este
recurso se agotará, dejando en condiciones
de extrema vulnerabilidad al Estado mexicano
para poder cumplir con sus obligaciones.
También es de conocimiento general,
que la ordeña de Petróleos Mexicanos
(Pemex) no puede seguir en los mismos términos
pues, el estrangulamiento de recursos a que
esta sometida la paraestatal hace que cada día
más, ésta se acerque a una situación
de parálisis operativa, característica
que lamentablemente la convierten ya en un peligro
latente para poblaciones en donde mantiene instalaciones.
Por otra parte, también es sabido que
se requieren modificar las políticas
económicas orientadas al combate de la
desigualdad y la pobreza. Y junto con ello,
mejorar sustancialmente la calidad y cobertura
de los servicios públicos (educación,
salud, infraestructura, comunicaciones, etc.).
Y que todo ello, exige darle al Estado mayores
recursos de los que dispone.
Bajo el panorama anterior, es justo reconocer
que el cambio que exige nuestro país
en materia fiscal no es fácil y que tampoco
puede hacerse de la noche a la mañana.
Hablar de reforma integral, es también
discutir el destino que habrán de darse
a los recursos que se entregan al Estado. Hasta
ahora, el gasto público ha estado caracterizado
por el uso ineficiente e irracional de los recursos,
con la agravante que traen consigo los vicios
de corrupción.
El gasto corriente de todo el gobierno, llámese
federal, estatal o municipal y en sus diferentes
ramas, ha crecido de manera desproporcionada
a los ingresos. Con ello, no sólo se
ha sacrificado el gasto en inversión
sino que la estructura administrativa del sector
público ha alcanzado un tamaño
que va más allá de lo que el país
demanda.
Así, un cambio de fondo en materia fiscal
debiera estar acompañado de una propuesta
paralela, específica y con un calendario,
en lo que corresponde a estrategias y objetivos
de gasto.
Hay que destacar que en lo que respecta a la
visión de conjunto sobre la reforma fiscal,
existen muchos mitos y falacias.
Se dice por ejemplo, que los niveles de ingreso
que tiene el gobierno federal con respecto al
Producto Interno Bruto (PIB), de alrededor de
24% actualmente, es el adecuado al tamaño
de nuestra economía. Y como punto de
comparación se hace referencia al 24%
que se da en Chile y Argentina así como
al 26% en los Estados Unidos de América
(EUA).
A primera vista, pareciera que efectivamente
estamos iguales o similares. No obstante, se
omite indicar que en los países sudamericanos
o en el caso de nuestro vecino del norte, no
se tienen finanzas petrolizadas.
Los ingresos del sector público por
petróleo en nuestro país representan
casi el 10% del PIB. Así, los ingresos
del gobierno federal sin petróleo equivalen
al 14% del PIB.
Si a lo anterior se agregan la contribución
de otros organismos y empresas del sector paraestatal,
como son Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y Compañía de Luz y Fuerza
(LyF), entre otros, cuya aportación en
términos del PIB significan poco más
del 4%, entonces se tiene que la capacidad recaudatoria
real del gobierno federal hoy día es
de alrededor del 10 por ciento.
Visto de otra manera, si el gobierno mexicano
no fuera dueño de Pemex ni otras paraestatales
de importancia económica como CFE y LyF,
bajo el esquema recaudatorio actual, los ingresos
tributarios estarían comprendidos entre
un 12% y un 14% del PIB. La diferencia respecto
al 10% arriba citado, vendría de los
impuestos que podrían cobrarse si estas
empresas fueran privadas.
Baja estas premisas, las diferencias fiscales
en nuestro país respecto a otras economías
similares resultan más que notorias,
no sólo por lo raquítico de la
recaudación sino porque obligan a cuestionar
cuál ha sido el uso que se ha dado a
los recursos petroleros y, en última
instancia, a quien han beneficiado.
Durante el sexenio de Vicente Fox, México
recibió alrededor de 500 mil millones
de dólares por concepto de exportación
de petróleo. De estos, 120 mil fueron
tan sólo por concepto de excedentes.
Actualmente, el promedio de ingresos que genera
el oro negro al gobierno federal, es de alrededor
de 50 mil millones de dólares anuales
Para entender el significado de las cifras
anteriores, es necesario hablar de pobreza.
Sabemos que hay en total alrededor de 50 millones
de pobres en nuestro país de los cuáles,
al menos, 20 millones están en pobreza
extrema, es decir, que no cubren siquiera sus
requerimientos mínimos de alimentación.
De acuerdo a los organismos internacionales,
son pobres quienes perciben un ingreso promedio
diario de aproximadamente $3 dólares
y son pobres en extremo aquellos que subsisten
con hasta $1.50 dólares al día.
Si se toman los 50 mil millones de dólares
que aporta Pemex anualmente al gobierno federal
y se dividen entre 365 días del año,
se tiene una cifra de casi 136 millones de dólares.
Si se divide esta cantidad a su vez entre 50
millones de pobres, tenemos una cifra de 2.73
dólares, lo que significa que si se
repartieran los ingresos petroleros entre los
más indigentes, México no tendría
pobres.
Si se sigue con este ejercicio simplista, también
se puede señalar que el país pudo
haber pagado toda su deuda externa y haberle
sobrado una cantidad importante para otras acciones,
de haber utilizado únicamente el dinero
de los excedentes petroleros para ello.
El Gobernador del Banco de México, Guillermo
Ortiz, ha señalado en distintos foros
que debe aclararse el destino que han tenido
los ingresos petroleros, pero no con la contundencia
que los números arriba exigen.
Bajo el contexto anterior resulta más
que obvio que Reforma Fiscal y Petróleo
son temas que deben ir de la mano. Más
cuando las propias autoridades fiscales reconocen
que anualmente, las tasas diferenciadas en los
distintos impuestos, las exenciones, los subsidios
y los créditos fiscales, las condonaciones,
las facilidades, los estímulos, las deducciones
autorizadas, los tratamientos y los regímenes
especiales, significan una pérdida cercana
a los 50 mil millones de dólares, cifra
que equivale curiosamente a lo que aporta Pemex.
De estos 50 mil millones, 50.9 por ciento corresponden
por concepto de ISR; 36.3 por IVA; 8.2% por
impuestos especiales sobre producción
y servicios, IEPS, y el restante 4.6 por ciento
por estímulos fiscales.
Bajo este panorama impositivo, no debe extrañar
que tengamos al hombre más rico del mundo
como tampoco, el que hayamos logrado crear,
en menos de una década, diez corporativos
que no tienen porque envidiar a muchas de las
principales corporaciones internacionales.
Así, en 2006, los corporativos mexicanos
lograron invertir alrededor de 5 mil millones
de dólares en el extranjero, cifra nunca
antes registrada en nuestra historia.
Se habla mucho de la necesidad de privatizar
Pemex, pero si utilizamos la lógica,
vemos que no hay razón para ello pues,
finalmente, los beneficios de la paraestatal
van de manera indirecta a un grupo de empresas
privadas al no contribuir como debe ser al sostenimiento
del Estado.
Bajo el disfraz de incentivos fiscales, reciben
una enorme transferencia de recursos que sólo
es posible gracias a la riqueza petrolera del
país. Así, en vez de utilizar
nuestro patrimonio para combatir las grandes
desigualdades sociales que se dan en nuestro
entorno, paradójicamente, forma parte
de las causas que dan lugar a las mismas.
Esta es nuestra realidad y la que se evade
o elude discutir en el paquete de reforma fiscal
propuesta.
Viernes,
6 de julio de 2007. |