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La Propuesta de Reforma Fiscal Integral

Enrique M. Rovirosa

 

Muestra de nuestra pobreza

En días pasados, el gobierno del Presidente Felipe Calderón presentó ante el Congreso de la Unión su propuesta de reforma fiscal integral. Después de analizar con detenimiento el ofrecimiento, podemos señalar que si bien ésta presenta aspectos novedosos como es el sustituir el Impuesto al Activo por el de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) y el gravar con 2% los depósitos en efectivo como un mecanismo para combatir la economía informal, la verdad es que la proposición no deja de ser lo que los fiscalistas llaman una extensa miscelánea fiscal -por no decir una “miscelanota”- cuyos fines son claramente recaudatorios, muy lejos de la verdadera reforma que le urge al país.

Es de sobra conocido que las finanzas públicas están petrolizadas, es decir, que dependen en una proporción mayúscula -de más de 38 por ciento- de los ingresos del energético. Asimismo que, de mantenerse los niveles de explotación actual y no ampliarse el nivel de reservas probadas, en un plazo de poco menos de diez años este recurso se agotará, dejando en condiciones de extrema vulnerabilidad al Estado mexicano para poder cumplir con sus obligaciones.

También es de conocimiento general, que la ordeña de Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede seguir en los mismos términos pues, el estrangulamiento de recursos a que esta sometida la paraestatal hace que cada día más, ésta se acerque a una situación de parálisis operativa, característica que lamentablemente la convierten ya en un peligro latente para poblaciones en donde mantiene instalaciones.

Por otra parte, también es sabido que se requieren modificar las políticas económicas orientadas al combate de la desigualdad y la pobreza. Y junto con ello, mejorar sustancialmente la calidad y cobertura de los servicios públicos (educación, salud, infraestructura, comunicaciones, etc.). Y que todo ello, exige darle al Estado mayores recursos de los que dispone.

Bajo el panorama anterior, es justo reconocer que el cambio que exige nuestro país en materia fiscal no es fácil y que tampoco puede hacerse de la noche a la mañana.

Hablar de reforma integral, es también discutir el destino que habrán de darse a los recursos que se entregan al Estado. Hasta ahora, el gasto público ha estado caracterizado por el uso ineficiente e irracional de los recursos, con la agravante que traen consigo los vicios de corrupción.

El gasto corriente de todo el gobierno, llámese federal, estatal o municipal y en sus diferentes ramas, ha crecido de manera desproporcionada a los ingresos. Con ello, no sólo se ha sacrificado el gasto en inversión sino que la estructura administrativa del sector público ha alcanzado un tamaño que va más allá de lo que el país demanda.

Así, un cambio de fondo en materia fiscal debiera estar acompañado de una propuesta paralela, específica y con un calendario, en lo que corresponde a estrategias y objetivos de gasto.

Hay que destacar que en lo que respecta a la visión de conjunto sobre la reforma fiscal, existen muchos mitos y falacias.

Se dice por ejemplo, que los niveles de ingreso que tiene el gobierno federal con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), de alrededor de 24% actualmente, es el adecuado al tamaño de nuestra economía. Y como punto de comparación se hace referencia al 24% que se da en Chile y Argentina así como al 26% en los Estados Unidos de América (EUA).

A primera vista, pareciera que efectivamente estamos iguales o similares. No obstante, se omite indicar que en los países sudamericanos o en el caso de nuestro vecino del norte, no se tienen finanzas petrolizadas.

Los ingresos del sector público por petróleo en nuestro país representan casi el 10% del PIB. Así, los ingresos del gobierno federal sin petróleo equivalen al 14% del PIB.

Si a lo anterior se agregan la contribución de otros organismos y empresas del sector paraestatal, como son Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Compañía de Luz y Fuerza (LyF), entre otros, cuya aportación en términos del PIB significan poco más del 4%, entonces se tiene que la capacidad recaudatoria real del gobierno federal hoy día es de alrededor del 10 por ciento.

Visto de otra manera, si el gobierno mexicano no fuera dueño de Pemex ni otras paraestatales de importancia económica como CFE y LyF, bajo el esquema recaudatorio actual, los ingresos tributarios estarían comprendidos entre un 12% y un 14% del PIB. La diferencia respecto al 10% arriba citado, vendría de los impuestos que podrían cobrarse si estas empresas fueran privadas.

Baja estas premisas, las diferencias fiscales en nuestro país respecto a otras economías similares resultan más que notorias, no sólo por lo raquítico de la recaudación sino porque obligan a cuestionar cuál ha sido el uso que se ha dado a los recursos petroleros y, en última instancia, a quien han beneficiado.

Durante el sexenio de Vicente Fox, México recibió alrededor de 500 mil millones de dólares por concepto de exportación de petróleo. De estos, 120 mil fueron tan sólo por concepto de excedentes. Actualmente, el promedio de ingresos que genera el oro negro al gobierno federal, es de alrededor de 50 mil millones de dólares anuales

Para entender el significado de las cifras anteriores, es necesario hablar de pobreza. Sabemos que hay en total alrededor de 50 millones de pobres en nuestro país de los cuáles, al menos, 20 millones están en pobreza extrema, es decir, que no cubren siquiera sus requerimientos mínimos de alimentación.

De acuerdo a los organismos internacionales, son pobres quienes perciben un ingreso promedio diario de aproximadamente $3 dólares y son pobres en extremo aquellos que subsisten con hasta $1.50 dólares al día.

Si se toman los 50 mil millones de dólares que aporta Pemex anualmente al gobierno federal y se dividen entre 365 días del año, se tiene una cifra de casi 136 millones de dólares. Si se divide esta cantidad a su vez entre 50 millones de pobres, tenemos una cifra de 2.73 dólares, lo que significa que si se repartieran los ingresos petroleros entre los más indigentes, México no tendría pobres.

Si se sigue con este ejercicio simplista, también se puede señalar que el país pudo haber pagado toda su deuda externa y haberle sobrado una cantidad importante para otras acciones, de haber utilizado únicamente el dinero de los excedentes petroleros para ello.

El Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha señalado en distintos foros que debe aclararse el destino que han tenido los ingresos petroleros, pero no con la contundencia que los números arriba exigen.

Bajo el contexto anterior resulta más que obvio que Reforma Fiscal y Petróleo son temas que deben ir de la mano. Más cuando las propias autoridades fiscales reconocen que anualmente, las tasas diferenciadas en los distintos impuestos, las exenciones, los subsidios y los créditos fiscales, las condonaciones, las facilidades, los estímulos, las deducciones autorizadas, los tratamientos y los regímenes especiales, significan una pérdida cercana a los 50 mil millones de dólares, cifra que equivale curiosamente a lo que aporta Pemex.

De estos 50 mil millones, 50.9 por ciento corresponden por concepto de ISR; 36.3 por IVA; 8.2% por impuestos especiales sobre producción y servicios, IEPS, y el restante 4.6 por ciento por estímulos fiscales.

Bajo este panorama impositivo, no debe extrañar que tengamos al hombre más rico del mundo como tampoco, el que hayamos logrado crear, en menos de una década, diez corporativos que no tienen porque envidiar a muchas de las principales corporaciones internacionales.

Así, en 2006, los corporativos mexicanos lograron invertir alrededor de 5 mil millones de dólares en el extranjero, cifra nunca antes registrada en nuestra historia.

Se habla mucho de la necesidad de privatizar Pemex, pero si utilizamos la lógica, vemos que no hay razón para ello pues, finalmente, los beneficios de la paraestatal van de manera indirecta a un grupo de empresas privadas al no contribuir como debe ser al sostenimiento del Estado.

Bajo el disfraz de incentivos fiscales, reciben una enorme transferencia de recursos que sólo es posible gracias a la riqueza petrolera del país. Así, en vez de utilizar nuestro patrimonio para combatir las grandes desigualdades sociales que se dan en nuestro entorno, paradójicamente, forma parte de las causas que dan lugar a las mismas.

Esta es nuestra realidad y la que se evade o elude discutir en el paquete de reforma fiscal propuesta.

Viernes, 6 de julio de 2007.

 
 

    

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