Enrique
M. Rovirosa
Desde hace varios años, destacados personajes
de la vida pública y privada han señalado
en distintos foros, la necesidad de elevar la
productividad y la competitividad de nuestro
país como requisito indispensable para
lograr un crecimiento económico más
elevado y, con ello, mejorar las condiciones
de vida de nuestra población en general.
En un mundo globalizado, este llamado no sólo
resulta lógico sino que debe ser postura
imprescindible de cualquier política
económica que pretenda calificarse de
viable y seria.
Entonces, ¿Por qué sugerir que
el optar por este camino puede implicar una
amenaza para la calidad de vida, como lo menciona
el titulo de este artículo? La respuesta
es muy sencilla: porque en los hechos cotidianos,
desgraciadamente está demostrando que
lo es.
Para entender la paradoja que implica la afirmación
anterior, veamos primero lo que significa productividad.
En general, la productividad se define
como el aumento o disminución de los
rendimientos de un proceso de producción,
en un periodo determinado, originado por una
variación en cualquiera de los factores
que intervienen en él, como son: trabajo,
capital, tecnología, etcétera.
Su medición se hace a través
del producto obtenido por cada factor que se
emplea. De esta manera, puede referirse a unidades
producidas por maquina, las producidas por trabajador
y así sucesivamente.
Se dice que la productividad mejora cuando
la cantidad de producto se incrementa con relación
al factor que se utiliza.
Está muy relacionada con el concepto
de eficiencia, misma que muestra el
aumento o disminución en un periodo determinado,
entre el valor del producto y el costo del insumo
utilizado.
En la práctica, muchos especialistas
utilizan ambos términos –productividad
y eficiencia- como sinónimos.
El ejemplo siguiente sirve para ilustrar estos
conceptos:
Imagínese una empresa que produce 100
mil unidades de x producto al mes y emplea para
ello a 50 trabajadores. Y que el único
costo que tiene dicha firma, son los salarios
de los trabajadores mismos que ascienden a 6
mil pesos al mes por cada uno.
El rendimiento por empleado será igual
al total de unidades producidas dividido entre
el total de trabajadores. En este caso, cada
trabajador producirá el equivalente a
2,000 unidades.
Por su parte, el costo total para la empresa
será de $300 mil pesos mensuales y el
costo por unidad producida de $3.00 pesos.
Ahora, imagínese que la empresa introduce
cambios en el sistema de trabajo de tal manera
que, sin afectar las condiciones laborales,
es decir, sin tener que pagar más por
el uso de este factor, logra aumentar la producción
de 100 a 110 mil unidades al mes.
Bajo este nuevo esquema, cada trabajador producirá
2,200 unidades, lo que significa que hubo un
incremento en su productividad equivalente a
10 por ciento.
Por su parte, el costo por unidad producida
se reducirá a $2.73 pesos, lo que implica
una mejoría en la eficiencia de 9 por
ciento.
En este contexto, si la empresa decide aprovechar
la reducción en el costo de producción
para, a su vez, abatir el precio del producto
a sus clientes, entonces su competitividad habrá
mejorado; es decir, su posición frente
a otras empresas competidores se beneficiará.
Esta posibilidad ilustra a su vez, la estrecha
relación que se da entre productividad
y competitividad.
Pero siguiendo con el ejemplo, ahora imagínese
que a los dueños de la empresa se les
presenta la opción de trasladarse a cualquier
parte del mundo y utilizar mano de obra más
barata. En específico, si optan por China
solo tienen que pagar el equivalente a la tercera
parte de los salarios.
Con esta nueva premisa, el costo por unidad
producida (aun siendo las 300 mil piezas originales),
bajaría de $3.00 a $1.00 pesos por unidad.
Si la firma opta por cambiar de lugar de producción,
es obvio que tendrá que incurrir en costos
de transportación. Más, si éstos
resultan inferiores al ahorro total que genera
la diferencia en los costos de mano de obra,
es lógico que la empresa se decida por
trasladar sus operaciones de producción
al país asiático.
Las condiciones de eficiencia laboral descritas
en este sencillo ejemplo, son similares a la
realidad que se vive hoy día entre nuestro
país y China, pues los salarios que se
pagan allá representan alrededor de la
tercera parte de los que se tienen en México.
Y si hablamos de diferencias salariales de
China con países desarrollados, éstas
son significativamente mayores, lo que ayuda
a explicar el crecimiento económico tan
espectacular que registra esa nación
en los últimos años. Hay que destacar,
sin embargo, que este proceso no habría
sido posible de no haberse dado el abatimiento
de las barreras arancelarias en el mundo (globalización
comercial) como ha sido el caso.
El ejemplo de productividad sirve para ilustrar
que, en un mundo sin barreras, tratándose
de productos iguales con procesos de manufactura
iguales, la productividad laboral puede ser
un factor de localización clave. Asimismo,
que la eficiencia laboral tendrá una
tendencia a ser mayor en aquél país
en donde el costo de la mano de obra sea menor,
especialmente, tratándose de procesos
intensivos en uso de mano de obra y baja tecnología.
La diferencia salarial de 3 a 1 hace que en
muchas actividades sea prácticamente
imposible igualarnos en términos de eficiencia
laboral. No obstante, muchas empresas mexicanas
buscan afanosamente la forma de reducir sus
costos laborales.
En principio, la búsqueda de una mayor
productividad laboral no es mala. Por el contrario,
puede ser de gran beneficio tanto para la empresa
como para los trabajadores, sobre todo si en
dicho proceso participan de manera activa estos
últimos y reciben una parte de los beneficios
adicionales que se generen. Sin embargo, no
siempre es así y hay claras evidencias
de abusos.
Un ejemplo notable lo aportan las instituciones
bancarias, las cuales han logrado incrementar
su productividad laboral no sólo con
la mejora de sus sistemas administrativos y
de control sino también, gracias a la
reducción de sueldos y la imposición
de jornadas laborales más largas.
Asimismo, siguiendo políticas discriminatorias
en cuanto a su personal, como lo son el imponer
límites de edad máxima para nuevas
contrataciones y el despedir de manera sistemática
a quienes cumplen cierta edad. De igual manera,
vía procesos simulados de renuncia y
recontratación en la que los empleados
de confianza se ven obligados a aceptar sueldos
menores.
En años pasados, mediante artificios
legales, este sector no hizo el reparto de utilidades
a sus trabajadores en los términos que
marca la ley. Y si bien después corrigió
esta situación, está en duda si
de verdad lo hizo en los términos que
debía ser.
Lo anterior se da, a pesar de que varias de
esas instituciones en México han registrado
utilidades muy superiores a las que obtienen
en sus países de origen.
Así, la banca extranjera en nuestro
país no sólo contribuye a generar
parte de los problemas de financiamiento a las
empresa que todos conocemos sino que, en opinión
de algunos, maneja un modelo laboral que raya
en la explotación.
En lo hechos, la “nueva cultura laboral”
que se promueve en nuestro país, no es
otra cosa que reducir los sueldos y prestaciones
de los trabajadores en aras de lograr una mayor
eficiencia. Ello, gracias a una actitud complaciente
de parte de quienes tienen la responsabilidad
y obligación de vigilar el estado de
derecho.
La corrupción y la impunidad no sólo
son problemas asociados al crimen organizado,
se han convertido en característica general
de nuestro sistema. Ayuda a explicar, en parte,
el por qué ha crecido el empleo eventual
en la forma como lo ha hecho.
Y es que esta claro que muchos empleos que
se registran como tales, son en realidad permanentes.
Nadie lo dice pero hay pruebas más que
suficientes para señalar que existe un
uso desvirtuado del llamado outsourcing. Y en
este esquema, no estamos hablando de unos cuantos
trabajadores afectados. Son decenas de miles
lo que caen en esta condición, lo que
a su vez contribuye a agravar la viabilidad
financiera del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
La falta de creación de empleos en México,
se ha tomado como bandera para justificar muchos
excesos en este tema.
La perspectiva apunta a que los problemas que
ocasiona el tipo de acciones descritas, no mejorarán
en el corto ni mediano plazos. Por el contrario,
habrán de agudizarse, pues China y otros
países con condiciones competitivas muy
favorables en lo laboral no van a desaparecer
como tampoco el proceso de globalización.
Va a ser necesario que transcurran al menos
un par de décadas antes de que los salarios
en esos países mejoren lo suficiente
como para reducir de manera significativa la
brecha que tenemos con ellos. Esta es una de
las razones por las que se vaticina que en 20
años China será la segunda potencia
económica mundial, pues precisamente
dicha diferencia será un poderoso estimulo
para atraer inversiones foráneas. Éstas,
a su vez, contribuirán a que mantenga
tasas de crecimiento económico por encima
del resto de los países del mundo.
En mi opinión es urgente que en México
hagamos una seria reflexión respecto
al rumbo que debemos seguir, pues pretender
competir con China y otros países de
más bajos salarios en los términos
como se viene haciendo, es ir contra la calidad
de vida de todos los mexicanos.
Ya se ha dicho hasta el cansancio que nuestras
acciones deben orientarse más a elevar
el nivel educativo del país como medio
para mejorar nuestra productividad.
No obstante, no hay que olvidar que ello no
es el único camino que nos llevará
a ser más competitivos. Hay otras cosas
igual de urgentes como son el combate efectivo
a la corrupción, la disminución
del gasto público no productivo, la recomposición
política de los municipios, la profesionalización
del servicio civil en todos los niveles de gobierno.
Pero de éstos tópicos poco se
habla.
Nadie niega la importancia de una reforma laboral
que acabe con los privilegios excesivos que
se dieron al sindicalismo en nuestro país.
No obstante, tampoco debemos irnos a los extremos
y permitir que se generen condiciones paupérrimas
para nuestra fuerza laboral. Debemos encontrar
un punto medio que garantice los derechos de
todos.
Viernes,
7 septiembre de 2007. |