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Prevalece la "Ley Antichapulín"

Enrique M. Rovirosa

 

Logo estilizado del PRI

Este miércoles, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado determinó que el Artículo 42 de la Constitución local –el que forma parte de la popularmente llamada Ley “Antichapulín”- si aplica en el caso del candidato de la Alianza para que Vivas Mejor, Jorge Hank Rhon, por lo que éste no podrá contender por la gubernatura del Estado.

En principio, la decisión no me sorprende pues, como referí en otros dos artículos que escribí sobre el tema, la ley es muy clara en cuanto a su finalidad de evitar que aquellos que ostenten un cargo de elección popular “brinquen” a otro también de elección popular. Y señalé también, que si en realidad queremos que impere un estado de derecho en nuestro país, deben respetarse las limitaciones que impone la norma aunque a muchos no les guste.

Es cierto que aún falta que el Tribunal Federal Electoral emita una resolución final al respecto, pero estoy seguro que su falló será similar al que ya se dio, si toma en consideración únicamente los aspectos de carácter jurídico del caso.

Así, la Alianza para que vivas mejor tendrá que buscar a otro candidato, con todas las implicaciones que ello significa.

No debe pasarse por alto que en nuestro país, cada vez que se aplican las leyes como debe ser, no falta quien se queje de que ello obedece a una conspiración para perjudicar a tal o cual grupo. En este caso, es seguro que vendrá una campaña de desprestigio tendiente a echar toda la culpa a otros por la derrota que implica el que se saque a un candidato de la contienda política por la vía jurídica.

No obstante, hay que recordar que la ley no se hizo ayer y, por ende, que todos la conocían. Más aún, que se habían hecho manifestaciones muy anticipadas y claras en el sentido de que la posible candidatura del entonces presidente municipal de Tijuana corría un elevado riesgo frente a la llamada “Ley Antichapulín”.

Contra toda lógica, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo caso omiso de las advertencias y apostó a unos momios jurídicos desfavorables que ahora tendrá que pagar a un costo político muy elevado, pues el candidato sustituto que elija tendrá menos tiempo que sus contrincantes para darse a conocer entre los electores.

Es muy difícil anticipar que tanto habrá de perjudicarse el PRI por esta situación, pero lo cierto es que el único responsable del aprieto en que está es el propio partido. Nadie debe estar por encima de nuestras leyes y, si en verdad queremos cambiar, los partidos políticos son quienes deben empezar a dar el ejemplo para ello.

Viernes, 22 de junio de 2007.

 
 

    

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