Enrique
M. Rovirosa
Este miércoles, el Tribunal de Justicia
Electoral del Estado determinó que el
Artículo 42 de la Constitución
local –el que forma parte de la popularmente
llamada Ley “Antichapulín”-
si aplica en el caso del candidato de la Alianza
para que Vivas Mejor, Jorge Hank Rhon, por lo
que éste no podrá contender por
la gubernatura del Estado.
En principio, la decisión no me sorprende
pues, como referí en otros dos artículos
que escribí sobre el tema, la ley es
muy clara en cuanto a su finalidad de evitar
que aquellos que ostenten un cargo de elección
popular “brinquen” a otro también
de elección popular. Y señalé
también, que si en realidad queremos
que impere un estado de derecho en nuestro país,
deben respetarse las limitaciones que impone
la norma aunque a muchos no les guste.
Es cierto que aún falta que el Tribunal
Federal Electoral emita una resolución
final al respecto, pero estoy seguro que su
falló será similar al que ya se
dio, si toma en consideración únicamente
los aspectos de carácter jurídico
del caso.
Así, la Alianza para que vivas mejor
tendrá que buscar a otro candidato, con
todas las implicaciones que ello significa.
No debe pasarse por alto que en nuestro país,
cada vez que se aplican las leyes como debe
ser, no falta quien se queje de que ello obedece
a una conspiración para perjudicar a
tal o cual grupo. En este caso, es seguro que
vendrá una campaña de desprestigio
tendiente a echar toda la culpa a otros por
la derrota que implica el que se saque a un
candidato de la contienda política por
la vía jurídica.
No obstante, hay que recordar que la ley no
se hizo ayer y, por ende, que todos la conocían.
Más aún, que se habían
hecho manifestaciones muy anticipadas y claras
en el sentido de que la posible candidatura
del entonces presidente municipal de Tijuana
corría un elevado riesgo frente a la
llamada “Ley Antichapulín”.
Contra toda lógica, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) hizo caso omiso de las advertencias
y apostó a unos momios jurídicos
desfavorables que ahora tendrá que pagar
a un costo político muy elevado, pues
el candidato sustituto que elija tendrá
menos tiempo que sus contrincantes para darse
a conocer entre los electores.
Es muy difícil anticipar que tanto habrá
de perjudicarse el PRI por esta situación,
pero lo cierto es que el único responsable
del aprieto en que está es el propio
partido. Nadie debe estar por encima de nuestras
leyes y, si en verdad queremos cambiar, los
partidos políticos son quienes deben
empezar a dar el ejemplo para ello.
Viernes,
22 de junio de 2007. |