| Enrique
M. Rovirosa
Los mexicanos sabemos por experiencia histórica,
que las instituciones públicas en nuestro
país no son de fiar, pues la corrupción
y la impunidad han sido y son características
difíciles de erradicar.
Para confirmar lo anterior, sólo basta
con ver lo que sucede en los sistemas de impartición
de justicia y seguridad.
Dicho lo anterior, no se puede evitar que exista
un velo de sospecha sobre todo aquello que tiene
que ver con la función pública
y, por ende, aún de organismos descentralizados
como el Instituto Federal Electoral (IFE).
En lo personal, una experiencia reciente con
esta institución sirvió para apuntalar
mis sospechas sobre su actuar. Asimismo, para
confirmar que las leyes y reglamentos en nuestro
país se manejan de acuerdo al criterio
de quien esta ahí para vigilar que se
cumplan.
Recibí del IFE, una invitación
para participar como funcionario de casilla
en la elección para Presidente de la
República e integrantes del Congreso.
Durante la visita de la persona encargada de
hacerme la referida invitación, se me
explicó con detalle todo el proceso que
seguía el organismo para seleccionar
a los integrantes de las mesas directivas de
casilla. Incluso, se me hizo entrega de un folleto
con el titulo de "La Jornada Electoral",
mismo que contiene la información más
relevante al respecto.
En dicho impreso, se detalla que cada mesa
directiva de casilla se integrará por
un presidente, un secretario, dos escrutadores
y tres suplentes generales. De igual manera,
explica que los cargos de los funcionarios de
casilla se asignarán, entre aquellos
ciudadanos que hayan resultado de un proceso
de insaculación, de acuerdo con su escolaridad.
Esto, como resultado de los mandamientos contenidos
en el artículo 193 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Haciendo caso omiso del citado ordenamiento,
las autoridades del IFE decidieron que los puestos
de las mesas directivas se asignaran de manera
aleatoria y sin importar la escolaridad de los
aspirantes.
La resolución anterior no sólo
fue contraria a la ley y su espíritu
sino que contravino principios básicos
de tipo administrativo.
Para ilustrar el punto, imagínese que
una empresa lanzara una convocatoria para contratar
al Director de Administración, al de
Finanzas y al de Producción. Y que se
presentaran, digamos 100 candidatos para ocupar
dichos puestos, cada uno de ellos con distintos
grados de aptitud lo que permitiría calificarlos
desde “excelentes” hasta “muy
malos” para ocupar cada puesto. Ahora,
imagínese que el área de recursos
humanos, realizara una selección previa,
donde quedaran unos 30 aspirantes y, en vez,
de contratar de entre éstos a los mejores
candidatos para cada puesto, optara por hacerlo
vía un sistema aleatorio. Es decir, que
pusiera en una tómbola un papel con cada
uno los nombres de los aspirantes preseleccionados
y luego sacara 3 de ellos para designarlos en
cada puesto.
En caso extremo, podría darse como resultado
que todos los seleccionados fueran “muy
malos” para el puesto asignado.
Absurdo ¿Verdad?
Es seguro que los accionistas de la empresa
que actuara así procederían a
despedir de inmediato al Director de Recursos
Humanos.
Y bueno, esto fue exactamente lo que hizo el
IFE al asignar a los funcionarios de casilla.
Tras un proceso de intercambio de ideas con
uno de los directivos locales de ese organismo,
con fecha 20 de mayo del año en curso,
presenté un escrito de inconformidad
así como sugerencias de cambios al referido
proceso de selección. Espero que algún
día alguien se tome la molestia de contestarlo.
Miércoles,
21 de junio de 2006. |
