Enrique
M. Rovirosa
Todo parece indicar que los actores políticos
en México han perdido el sentido de la
razón y la objetividad, si es que alguna
vez las tuvieron. El movimiento de resistencia
civil a la que convocó la coalición
por el Bien de Todos, además del costo
político que acarrea ha significado ya
costos económicos y sociales que han
rebasado las expectativas de muchos.
El plantón sobre una de las principales
avenidas de la ciudad de México ha significado
para los negocios establecidos ahí, pérdidas
acumuladas por cientos de millones de pesos.
Y lo que resulta peor, es que éstos apenas
representan una fracción del monto total
que habrá de pagarse como consecuencia
de lo que parece ser una dura y larga lucha.
Si bien hay una campaña mediática
de alcances increíbles tendiente a echar
toda la culpa de la situación que priva
a Andrés Manuel López Obrador
y sus seguidores, la verdad es que no se puede
soslayar la responsabilidad en que han incurrido
también el presidente de la República,
Vicente Fox, el candidato presidencial del Partido
Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón,
los dirigentes del blanquiazul y demás
partidos así como los representantes
de los principales organismos empresariales
del país, reporteros y columnistas, entre
muchos otros.
La petición de recuento total de votos
que hizo la coalición, en vez de analizarse
con la serenidad que el caso ameritaba, se satanizó
y junto con ello se hizo todo un esfuerzo de
hacer ver la acción como un ataque en
contra de los ciudadanos comunes que dedicaron
su tiempo y esfuerzo a sacar adelante los comicios.
Asimismo como un ataque a la “legalidad”
y las Instituciones del país. Y esto
no se ha detenido, sigue cada día con
más fuerza.
Los argumentos de que pudiera haber un error
en el conteo de los votos no fueron suficientes
para darle cabida a la petición y, menos,
cuando se acusó de que había indicios
de un posible fraude electoral. Si lo hubo o
no, a estas alturas ya no tiene importancia,
pues las actitudes que se adoptaron lejos de
disipar las dudas sólo han servido para
avivar la sospecha en muchos de que en efecto
hubo algo chueco.
Meses antes de las elecciones, el presidente
Fox expuso una y otra vez que no estaba de acuerdo
en que López Obrador ganara las elecciones
y, al menos en el discurso, puso todo su empeño
para evitar que triunfara. Y la pregunta que
está en el aire es, ¿hasta donde
llevó su intervención para evitarlo?
Independientemente de la respuesta que surja,
con estos antecedentes Fox perdió toda
autoridad moral para llamar a los disidentes
a la calma y, por ende, de ser un auténtico
representante de todos los mexicanos. Traicionó
el juramento que hizo al asumir la primera magistratura
y la historia habrá de juzgarlo por ello.
En el caso de Felipe Calderón, tuvo
la oportunidad de aparecer como un auténtico
estadista y la desaprovechó. López
Obrador le pidió que se pronunciara a
favor del recuento a sabiendas que su posicionamiento
en nada obligaba a los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) respecto a si procedía o no el
recuento total de votos.
El candidato blanquiazul pudo ayudar a resolver
el conflicto y, quedar ante los ojos de todos
–aún de los seguidores de la coalición
por el Bien de Todos- como un auténtico
demócrata. En vez de ello, se dejó
llevar por los radicales de su partido y rechazó
lo que a todas luces constituye una petición
justa y razonable, autónomamente de lo
que diga la Ley.
Nadie que sepa algo de estadística puede
afirmar de manera categórica que Calderón
es el ganador de la contienda electoral. Y es
que, el margen de votos a su favor es tan pequeño
(0.58%) que existe la posibilidad de que la
suma de errores involuntarios en el total de
casillas pudieran ser suficientes para revertir
el resultado a favor de López Obrador.
Cabe aclarar que es sólo una posibilidad
y muy pequeña pero de importancia suficiente
para justificar el recuento.
Si los actores políticos dejaran a un
lado sus ambiciones personales o de grupo y,
de verdad, les interesara el bienestar del país,
ya habrían aceptado este hecho científico
y hubieran procedido a hacer lo conducente para
que se realizara el recuento total de votos.
Si bien es cierto que llevarlo a cabo costará
dinero y esfuerzo, también lo es que
dicho cargo resulta minúsculo ante los
peligros que asechan de no hacerlo.
La radicalización de las protestas de
la coalición por el Bien de Todos, además
de llevar el riesgo de convertirse en violentas
son un elemento que seguramente hará
sumamente difícil la conducción
de la vida política en los años
venideros. Quiérase o no, la coalición
se convirtió en una fuerza política
de suma importancia, pues la tercera parte de
la población que votó lo hizo
a favor de ésta.
No se puede mitigar el hecho anterior y resulta
desesperante que quienes tienen la obligación
de velar porque el país avance de manera
armónica y sostenida, muestren un total
desprecio -o quizá ignorancia - al respecto.
El tiempo dirá de qué tamaño
será la factura que tendrá que
pagarse por dicha actitud.
Mientras, si las cosas siguen como están,
es casi seguro que habrá violencia. Están
o se hacen los ciegos, quienes no ven que estamos
sentados en una bomba de tiempo. Si estalla,
todos los sujetos políticos tendrán
que asumir su parte de culpa. Por desgracia
seremos la mayoría los que paguemos,
como siempre, el costo de “los platos
rotos”.
Viernes,
11 de agosto de 2006. |