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Enrique M. Rovirosa

 

Todo parece indicar que los actores políticos en México han perdido el sentido de la razón y la objetividad, si es que alguna vez las tuvieron. El movimiento de resistencia civil a la que convocó la coalición por el Bien de Todos, además del costo político que acarrea ha significado ya costos económicos y sociales que han rebasado las expectativas de muchos.

El plantón sobre una de las principales avenidas de la ciudad de México ha significado para los negocios establecidos ahí, pérdidas acumuladas por cientos de millones de pesos. Y lo que resulta peor, es que éstos apenas representan una fracción del monto total que habrá de pagarse como consecuencia de lo que parece ser una dura y larga lucha.

Si bien hay una campaña mediática de alcances increíbles tendiente a echar toda la culpa de la situación que priva a Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, la verdad es que no se puede soslayar la responsabilidad en que han incurrido también el presidente de la República, Vicente Fox, el candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, los dirigentes del blanquiazul y demás partidos así como los representantes de los principales organismos empresariales del país, reporteros y columnistas, entre muchos otros.

La petición de recuento total de votos que hizo la coalición, en vez de analizarse con la serenidad que el caso ameritaba, se satanizó y junto con ello se hizo todo un esfuerzo de hacer ver la acción como un ataque en contra de los ciudadanos comunes que dedicaron su tiempo y esfuerzo a sacar adelante los comicios. Asimismo como un ataque a la “legalidad” y las Instituciones del país. Y esto no se ha detenido, sigue cada día con más fuerza.

Los argumentos de que pudiera haber un error en el conteo de los votos no fueron suficientes para darle cabida a la petición y, menos, cuando se acusó de que había indicios de un posible fraude electoral. Si lo hubo o no, a estas alturas ya no tiene importancia, pues las actitudes que se adoptaron lejos de disipar las dudas sólo han servido para avivar la sospecha en muchos de que en efecto hubo algo chueco.

Meses antes de las elecciones, el presidente Fox expuso una y otra vez que no estaba de acuerdo en que López Obrador ganara las elecciones y, al menos en el discurso, puso todo su empeño para evitar que triunfara. Y la pregunta que está en el aire es, ¿hasta donde llevó su intervención para evitarlo?

Independientemente de la respuesta que surja, con estos antecedentes Fox perdió toda autoridad moral para llamar a los disidentes a la calma y, por ende, de ser un auténtico representante de todos los mexicanos. Traicionó el juramento que hizo al asumir la primera magistratura y la historia habrá de juzgarlo por ello.

En el caso de Felipe Calderón, tuvo la oportunidad de aparecer como un auténtico estadista y la desaprovechó. López Obrador le pidió que se pronunciara a favor del recuento a sabiendas que su posicionamiento en nada obligaba a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a si procedía o no el recuento total de votos.

El candidato blanquiazul pudo ayudar a resolver el conflicto y, quedar ante los ojos de todos –aún de los seguidores de la coalición por el Bien de Todos- como un auténtico demócrata. En vez de ello, se dejó llevar por los radicales de su partido y rechazó lo que a todas luces constituye una petición justa y razonable, autónomamente de lo que diga la Ley.

Nadie que sepa algo de estadística puede afirmar de manera categórica que Calderón es el ganador de la contienda electoral. Y es que, el margen de votos a su favor es tan pequeño (0.58%) que existe la posibilidad de que la suma de errores involuntarios en el total de casillas pudieran ser suficientes para revertir el resultado a favor de López Obrador. Cabe aclarar que es sólo una posibilidad y muy pequeña pero de importancia suficiente para justificar el recuento.

Si los actores políticos dejaran a un lado sus ambiciones personales o de grupo y, de verdad, les interesara el bienestar del país, ya habrían aceptado este hecho científico y hubieran procedido a hacer lo conducente para que se realizara el recuento total de votos. Si bien es cierto que llevarlo a cabo costará dinero y esfuerzo, también lo es que dicho cargo resulta minúsculo ante los peligros que asechan de no hacerlo.

La radicalización de las protestas de la coalición por el Bien de Todos, además de llevar el riesgo de convertirse en violentas son un elemento que seguramente hará sumamente difícil la conducción de la vida política en los años venideros. Quiérase o no, la coalición se convirtió en una fuerza política de suma importancia, pues la tercera parte de la población que votó lo hizo a favor de ésta.

No se puede mitigar el hecho anterior y resulta desesperante que quienes tienen la obligación de velar porque el país avance de manera armónica y sostenida, muestren un total desprecio -o quizá ignorancia - al respecto. El tiempo dirá de qué tamaño será la factura que tendrá que pagarse por dicha actitud.

Mientras, si las cosas siguen como están, es casi seguro que habrá violencia. Están o se hacen los ciegos, quienes no ven que estamos sentados en una bomba de tiempo. Si estalla, todos los sujetos políticos tendrán que asumir su parte de culpa. Por desgracia seremos la mayoría los que paguemos, como siempre, el costo de “los platos rotos”.

Viernes, 11 de agosto de 2006.

 
 

    

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