Enrique M. Rovirosa

Históricamente, las relaciones entre México y los Estados Unidos de América no se han caracterizado por ser parejas y mucho menos amistosas. El poderío militar y económico del coloso del norte aunado a sus ambiciones expansionistas, se tradujeron en que se perdiera más de la mitad del territorio nacional.

Hoy día, si bien las diferencias ya no se resuelven mediante el uso de las armas y todo pareciera indicar que existe un excelente trato entre ambos países, en los hechos, sigue imperando la ley del más fuerte.

Es cierto que en esta era de la globalización muchos quisieran que nuestros vecinos nos vieran y nos trataran como a un socio comercial en igualdad de condiciones, pero la verdad es que, como alguien expresó hace tiempo: “no puede haber un trato de iguales entre desiguales”.

El caso del revestimiento del Canal Todo Americano, ubicado en la región del Valle Imperial y colindante al norte de Mexicali, ilustra perfectamente esta dicotomía.

El agua es un recurso que adquiere día con día, una mayor importancia estratégica para el desarrollo futuro en todos los rincones del mundo. En opinión de muchos, en un horizonte no muy lejano, la relevancia del vital líquido será mayor a la que actualmente tiene el petróleo. De ahí, que no descartan que las disputas por agua sustituyan a las que se generan hoy día por el control del llamado “oro negro”.

Y es que no hay que olvidar que sin agua no puede haber vida.

Desgraciadamente, la premisa anterior no parece formar parte de la agenda del gobierno del Presidente Vicente Fox. Y es que hasta ahora, el tema del revestimiento del canal ha estado relegado a un segundo plano, como si se tratara de un problema exclusivo de un grupo de inconformes cuyos intereses no están del todo claros.

Así, ya han transcurrido varios años desde que se supo de la intención de realizar esta obra y es fecha aun en que las autoridades no presentan siquiera, una nota diplomática de protesta formal por los efectos negativos que tendrá sobre nuestro país su ejecución.

Al respecto, el ejecutivo federal sostiene que ya ha manifestado al gobierno norteamericano su desacuerdo por el impacto que el revestimiento tendrá sobre el país. No obstante, queda claro que sus acciones no han estado orientadas a detener su construcción sino a negociar la forma de mitigar sus efectos.

En este contexto, la defensa del vital líquido ha quedado básicamente en manos de un grupo de empresarios agrupados bajo una asociación civil conocida como Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM). Éste, en coordinación con otras organizaciones ambientalistas norteamericanas, interpuso una demanda civil en las cortes de ese país con la finalidad de detener el proyecto. Y si bien no deja de haber optimismo para que el fallo les sea favorable, uno no puede pasar por alto el desinterés –algunos dirán traición- que ha demostrado el gobierno foxista ante esta causa.

Es menester reconocer que el CDEM ha recibido apoyo económico y moral por parte del Gobierno del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Mexicali. Gracias a éste, ha podido sufragar una parte importante del costo de las acciones legales; sin embargo, por tratarse de un problema de carácter binacional, el reclamo que puede hacer nuestro país es competencia exclusiva del gobierno central.

En 1988, el Congreso de los Estados Unidos autorizó a la Secretaría del Interior de ese país, a revestir el Canal Todo Americano y recuperar el agua que se filtra del mismo.

Dichas filtraciones enriquecen a un gran manto acuífero que inicia en el Valle Imperial y se extiende a lo largo y ancho del Valle de Mexicali, abarcando una superficie calculada en 800 kms. Alrededor del 90% de los escurrimientos se trasladan a la parte mexicana.

De acuerdo a estimaciones del U.S. Bureau of Reclamation, la obra en cuestión permitirá a ese país disponer de un flujo anual adicional de alrededor de 83.5 millones de metros cúbicos; sin embargo, algunos expertos señalan que esta cifra está subestimada. El volumen que se indica, es equivalente a lo que consume anualmente la ciudad de Mexicali.

La obra está programada iniciar este año y tendrá una duración de 30 meses, por lo que el revestimiento deberá concluir en 2009.

El proyecto, si bien es benéfico para los norteamericanos resulta altamente perjudicial para nuestro país.

A ellos les significa que la ciudad de San Diego podrá mantener su vigorosa expansión urbana, pues ésta ya firmó contratos para poder consumir este recurso excedente durante las próximas décadas.

Para México, implica la pérdida inmediata de alrededor de 24 millones de metros cúbicos anuales de agua que se transporta por gravedad hacia el territorio nacional y que aflora en las partes más bajas estableciendo con ello, lo que se conocen como los humedales de la Mesa de Andrade y el Dren Mesa.

En la Mesa de Andrade, la falta de líquido hará que desaparezcan inmediatamente 1,882 hectáreas de los humedales y, en forma paulatina, 389 hectáreas del hábitat terrestre. Esto a su vez, traerá consigo la pérdida de todas las aves acuáticas, incluyendo residentes y migratorias, así como de las terrestres que dependen de este hábitat.

Por su parte, el agua que dejará de alimentarse al Dren Mesa se traducirá en la pérdida de 1,200 hectáreas de superficie de cultivo, con las consecuentes pérdidas económicas para los agricultores de la zona.

Por lo que respecta al agua que se filtra al subsuelo, la reducción de cerca de 60 millones de metros cúbicos anuales hará que desciendan los niveles del manto acuífero del Valle de Mexicali, afectando con ello, a los pozos de riego en la zona.

La rehabilitación de éstos junto con el incremento en los costos de operación de los mismos, implicará costos adicionales para los productores agrícolas de la zona.

No obstante, el problema más grave que resultará del abatimiento de las aguas subterráneas es que habrá un incremento gradual en los niveles de salinidad, lo cual a su vez provocará una disminución paulatina en los niveles de rendimiento de los cultivos.

No se sabe aún, hasta donde llegará el aumento en los niveles de salinidad, pero en opinión de algunos expertos éstos podrían ser tan elevados que bien podrían traducirse en el colapso total de las actividades agrícolas que dependen del agua extraída del acuífero.

Bajo este panorama está claro que las pérdidas directas e indirectas para nuestro país sumarán miles de millones de pesos al paso del tiempo. Y que éstas pérdidas no sólo se darán en términos de las actividades económicas que hoy día se realizan sino también, de aquellas oportunidades que se perderán ante la falta del recurso liquido.

En nuestra opinión, la magnitud de los efectos negativos que tendrá el revestimiento del canal no ha sido debidamente dimensionada por el gobierno de Vicente Fox. Algún día se reconocerá que es una disputa mucho más relevante que la del Chamizal. Como se recordará, éste fue un litigio que se inició en 1910 y culminó en 1963, con la recuperación para nuestro país de aproximadamente 1.5 km² de terrenos en la frontera, entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Se originó por las diferencias en el curso del Río Bravo y se le considera un triunfo de la diplomacia y de los valores culturales como medios básicos para la resolución de conflictos.

Consideramos también, que la pasividad de las autoridades mexicanas puede sentar un precedente legal sumamente desfavorable para nuestro país, específicamente en cuanto al aprovechamiento que podrían efectuar los norteamericanos de otros escurrimientos que alimentan el manto acuífero del Valle de Mexicali.

Con los avances tecnológicos que se tienen y los que están por venir, la construcción de represas para el aprovechamiento de los ríos profundos será cosa común. La aceptación tácita al revestimiento del canal Todo Americano por parte de nuestras autoridades, concede el derecho a nuestros vecinos de utilizar como mejor les parezca todas sus aguas superficiales, independientemente de si algunas de éstas sirven –como es el caso- para sostener el manto acuífero de Mexicali.

En esta época en que tanto se alude el respeto al estado de derecho y las instituciones no está por demás recordarle a nuestros gobernantes que es su obligación defender, con todos los recursos a su disposición, los derechos de nuestro país. Asimismo, informar con toda oportunidad las acciones emprendidas para ello. En el caso del Todo Americano, muchos consideramos que no se ha cumplido con estos compromisos.

Viernes, 4 de agosto de 2006.