Enrique M. Rovirosa

Recientemente, uno de los diarios regionales dio a conocer a la opinión pública que, los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno en la entidad no están cumpliendo con la obligación de cubrir el Impuesto sobre la Renta (ISR) por las compensaciones que reciben por sus servicios en la administración pública, por lo que incurren en el delito de evasión fiscal.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Algunos funcionarios hicieron alusión al hecho de que esta practica es algo que “siempre ha existido” y que además se da en todo el país mientras que el representante del Ejecutivo del Estado mencionó que a petición de éste, se firmó un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solucionar a fondo la problemática que existe en torno al tema.

A este respecto hay que mencionar que efectivamente, desde hace muchas décadas, las compensaciones de los empleados y funcionarios públicos han estado exentas del pago del ISR. Esto a a pesar de que la Constitución Política señala claramente la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos.

Cuando y el porqué se dio esta facilidad no está del todo claro; sin embargo, se sabe que se originó en el ámbito de competencia del gobierno federal como estímulo adicional a montos compensatorios que inicialmente no eran tan significativos en términos de las erogaciones totales por concepto de sueldos así como tampoco, al número de quienes estaban incluidos a recibir este tipo de pagos.

Adicionalmente, es conocido que llevaba la intención de ocultar los montos reales de las percepciones de los funcionarios pues -tratándose del gobierno federal- hubiera sido muy fácil ajustar presupuestalmente ingresos y egresos para incluir en los sueldos brutos la parte que corresponde a la retención por concepto de ISR y dar al funcionario en cuestión la parte neta que se deseaba.

Si se revisa la historia, se puede comprobar que hubo una época en que las compensaciones se hacían en efectivo y sin mediar recibo individual alguno, salvo la firma de quien recibía el importe total para distribuir entre un grupo de personas en una oficina, dirección, departamento o dependencia gubernamental, llámese federal, estatal o municipal. Como era de esperarse, esto se prestó a muchos actos de corrupción que llevaron finalmente, a las administraciones centrales a introducir sistemas de control más estrictos. Sin embargo, esto no se hizo con la rapidez que el problema ameritaba pues, en Baja California por ejemplo, este mecanismo de pago que podríamos calificar como a granel, todavía prevalecía a principios de los años noventas en algunos municipios. Y en muchos otros lugares del país estas prácticas apenas en este sexenio se han venido modificando.

Esta forma de compensar a los empleados públicos ha significado que las administraciones manejen, al menos, dos nóminas: una denominada normal o base y otra confidencial. Esta última, por lo general al margen del cumplimiento de la Ley del ISR. A determinados niveles de las administraciones federales y estatales se manejaron otras que se calificaban como secretas. En éstas, además de compensar a los funcionarios más cercanos del ejecutivo federal o estatales se incluía a otras personas como, por ejemplo, a periodistas.

Las nóminas confidenciales si bien no se daban a conocer a la opinión pública, siempre han recibido la aprobación de los Congresos federal, estatales y cabildos. No obstante, en los estados sólo un grupo reducido de los legisladores llega a conocer a detalle quienes se benefician en estas nóminas siendo, por lo general, aquellos que integran las Comisiones de Hacienda.

El gobierno del Presidente Vicente Fox merece el reconocimiento de haber transparentado el tema de los sueldos en el poder ejecutivo federal; sin embargo, falta mucho por avanzar en cuanto a los organismos descentralizados, el poder legislativo y judicial así como los gobiernos estatales y municipales.

Los sistemas de pago en el sector público ayudan a explicar, en parte, el porqué ha sido difícil aplicar las leyes en materia de enriquecimiento inexplicable a muchos de quienes se sabe abusaron de sus puestos para provecho personal. Tienen la defensa de que hicieron sus fortunas mediante los pagos que recibieron de manera secreta o confidencial. Y a este respecto no estamos hablando del pasado pues aún vemos como muchos legisladores, gobernadores, secretarios de estado, presidentes municipales y otros funcionarios públicos se siguen enriqueciendo de manera muy explicable.

El tema de las nóminas confidenciales y el no pago del ISR, se hizo notorio en 2002 cuando el Congreso de la Unión decidió dar una prerrogativa más a la burocracia del país al hacer una modificación a la fracción XI del artículo 109 de la Ley del ISR, que tenía por objeto exentar del pago de este impuesto las gratificaciones a los burócratas.

Muchos no se explican porqué el Congreso decidió llevar a cabo esta reforma pues, la prerrogativa venía aplicándose para la mayoría de los burócratas vía nóminas confidenciales. Lo cierto es que esta acción se tradujo en una gran cantidad de amparos, ante la falta de equidad de la legislación de diferenciar a aquellos que trabajan en la IP sobre aquellos que se desempeñan en cargos públicos, ya que en materia fiscal debe existir un trato igual entre iguales.

Como consecuencia, en la sesión del 27 de mayo de 2003 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diez Ministros presentes votaron a favor de una sentencia en torno de la acción de inconstitucionalidad de la referida reforma a la ley de ISR.

La sentencia, además de invalidar la reforma, puso de manifiesto la ilegalidad de la no retención del ISR que venía haciéndose por costumbre, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vio obligada a ejercer presión sobre todas las instancias gubernamentales para que corrigieran la anomalía.

Los estados y municipios, incluyendo a Baja California, se comprometieron a sanear la situación a partir de 2003 mediante la ya conocida acción del "borrón y cuenta nueva". Sin embargo, a la fecha, una gran cantidad de entidades no lo han hecho por lo que, en sentido estricto a la Ley, están violentando el estado de derecho. Aquí valdría la pena preguntar si también se les debe de aplicar un proceso de desafuero a quienes no han cumplido con el mandato de la SCJN.

El argumento de varias entidades federativas y municipios para no corregir su situación es de que afectarían los ingresos de la burocracia al cobrarles algo que por costumbre nunca se ha hecho. Y señalan que finalmente , serán ellos quienes tendrán que absorber el pago del ISR. Y al no contar con recursos adicionales para ello, tendrán que afectar otros renglones de su gasto por lo que exigen que la federación les asigne recursos extras.

Hay que agregar que en las localidades que aún no cumplen con el compromiso de poner en orden sus pagos de ISR, la sociedad se opone a que se utilicen recursos públicos para ello. Se argumenta que la burocracia debe cumplir con su obligación de cubrir los impuestos, tal y como lo hace la mayoría de los mexicanos.

La verdad es que en ciertas instancias la razón asiste a los estados y municipios. En particular, en aquellos en que la federación fue quien les heredó parte del problema. En cuanto a Baja California, no debe pasar desapercibida la transferencia que se hizo en 1992 del magisterio federal al Estado. Sin embargo, esta situación no justifica que se mantengan los privilegios para quienes si pueden y deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Hace poco se dieron a conocer los sueldos de los funcionarios de primer y segundo nivel que imperan en el gobierno del estado. Las cifras sorprendieron a la mayoría pues se constató que son exageradamente altas. En estos casos, no hay razón justificada para que el gobierno incumpla el mandato de retener el ISR correspondiente. Y lo mismo puede decirse de los municipios. No obstante, para que la sociedad pueda emitir un juicio definitivo, es imperativo contar con todos los elementos de información pertinentes al caso. Desafortunadamente, a la fecha no se tiene una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a nivel estatal o municipal por lo que el contenido de las nóminas confidenciales es aún tema nebuloso.

Hasta en tanto no haya total transparencia en el tema de los sueldos de los funcionarios públicos y desaparezcan las nóminas confidenciales, es muy difícil pensar que la situación de corrupción en nuestro país va a mejorar sustancialmente. Y la razón de ello nada tiene que ver con los montos que se pagan sino en la mentalidad que con ello prevalece. Ocultar algo que no tiene por que ser un secreto, solo crea suspicacia y fomenta la perversidad.

El incumplimiento de una disposición fiscal hace que los funcionarios públicos se sientan y actúen por encima de la Ley. Esta es una costumbre que debe erradicarse lo antes posible por lo que es del interés de la sociedad exigir que cumplan con el pago del ISR.

Viernes 17 de septiembre de 2004.