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Enrique M. Rovirosa

 

La Cámara de Diputados llevó a cabo lo que la mayoría de los analistas políticos consideraban ya como un hecho, sobre todo después de conocerse la decisión tomada por la sección instructora y, aprobó por mayoría absoluta el desafuero del jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, luego de participar en las exequias del Papa Juan Pablo II en el Vaticano, el presidente Vicente Fox Quesada afirmaba que con este acto, "México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley y da también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones ".

Citando al Secretario de Gobernación, Santiago Creel, al referirse recientemente a la peor caída del año que tuvo la Bolsa Mexicana de Valores por el efecto del desafuero, habría que recordarle al primer mandatario que "un día no hace verano, ni para bien ni para mal"; es decir, que un día de estricto apego a la legalidad por parte de quien debiera hacerlo obligadamente todos los días, no cambia la mala impresión que existe sobre el tema y mucho menos, repara los males que se generan en ausencia de ello.

Sin deseo de polemizar más sobre el desafuero, pues estamos seguros que el mismo habrá de tomar otros cauces en las próximas semanas, basta decir que el pueblo de México ya emitió una opinión al respecto y que ésta dista mucho de la que tiene el presidente Fox: el desafuero no responde a un acto de legalidad sino a uno de carácter político.

Y es que para opinar lo contrario habría que estar convencidos que efectivamente en México existe un estado derecho.

¿Y que es el estado de derecho?

Para algunos, éste es simple y sencillamente el que impere la ley. Para otros que exista respeto a los derechos de los ciudadanos y, para otros más, que abarque la libertad y la división del poder incluyendo elecciones, derechos humanos e instituciones imparciales e independientes.

Lo cierto es que todos estas cosas y muchas más forman parte del concepto.

En un trabajo realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. titulado: “Una Definición del Estado de Derecho”, se planteo este problema a la inversa al cuestionar ¿Qué no es un estado de derecho? Entre las respuestas que se dieron resalta: “Un Estado en el que no se cumple la Ley ciertamente no es de Derecho pero... un Estado en el que se aplica la Ley, tampoco es necesariamente de Derecho”. Y citaba como ejemplos los casos de China, Cuba y Chile durante la dictadura de Pinochet, en los que las libertades civiles se restringen.

También señala: “Un Estado que no garantiza libertades políticas y civiles seguramente no es de Derecho, pero... un Estado que garantiza transitoria o discrecionalmente tales libertades tampoco es plenamente de Derecho”.

Si se aceptan como válidas las respuestas del organismo civil antes citado, queda muy claro que en México falta mucho camino por recorrer en cuanto a la existencia de un verdadero estado de derecho. Y que la retórica afirmativa de los políticos por si sola no va a cambiar las cosas. El país requiere de una reforma estructural en el ámbito de las Instituciones y el Estado para así estar en condiciones de acercarnos más al cumplimiento y respeto de la legalidad en un marco de justicia y libertad.

Viernes 15 de abril de 2005.

 
 

    

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