Enrique
M. Rovirosa
La Cámara de Diputados llevó
a cabo lo que la mayoría de los analistas
políticos consideraban ya como un hecho,
sobre todo después de conocerse la decisión
tomada por la sección instructora y,
aprobó por mayoría absoluta el
desafuero del jefe de gobierno de la ciudad
de México, Andrés Manuel López
Obrador.
Al respecto, luego de participar en las exequias
del Papa Juan Pablo II en el Vaticano, el presidente
Vicente Fox Quesada afirmaba que con este acto,
"México da un ejemplo al mundo de
legalidad, de apego a la ley y da también
una clara señal de la fortaleza de nuestras
instituciones ".
Citando al Secretario de Gobernación,
Santiago Creel, al referirse recientemente a
la peor caída del año que tuvo
la Bolsa Mexicana de Valores por el efecto del
desafuero, habría que recordarle al primer
mandatario que "un día no hace verano,
ni para bien ni para mal"; es decir, que
un día de estricto apego a la legalidad
por parte de quien debiera hacerlo obligadamente
todos los días, no cambia la mala impresión
que existe sobre el tema y mucho menos, repara
los males que se generan en ausencia de ello.
Sin deseo de polemizar más sobre el
desafuero, pues estamos seguros que el mismo
habrá de tomar otros cauces en las próximas
semanas, basta decir que el pueblo de México
ya emitió una opinión al respecto
y que ésta dista mucho de la que tiene
el presidente Fox: el desafuero no responde
a un acto de legalidad sino a uno de carácter
político.
Y es que para opinar lo contrario habría
que estar convencidos que efectivamente en México
existe un estado derecho.
¿Y que es el estado de derecho?
Para algunos, éste es simple y sencillamente
el que impere la ley. Para otros que exista
respeto a los derechos de los ciudadanos y,
para otros más, que abarque la libertad
y la división del poder incluyendo elecciones,
derechos humanos e instituciones imparciales
e independientes.
Lo cierto es que todos estas cosas y muchas
más forman parte del concepto.
En un trabajo realizado por el Centro de Investigación
para el Desarrollo, A.C. titulado: “Una
Definición del Estado de Derecho”,
se planteo este problema a la inversa al cuestionar
¿Qué no es un estado de derecho?
Entre las respuestas que se dieron resalta:
“Un Estado en el que no se cumple la Ley
ciertamente no es de Derecho pero... un Estado
en el que se aplica la Ley, tampoco es necesariamente
de Derecho”. Y citaba como ejemplos los
casos de China, Cuba y Chile durante la dictadura
de Pinochet, en los que las libertades civiles
se restringen.
También señala: “Un Estado
que no garantiza libertades políticas
y civiles seguramente no es de Derecho, pero...
un Estado que garantiza transitoria o discrecionalmente
tales libertades tampoco es plenamente de Derecho”.
Si se aceptan como válidas las respuestas
del organismo civil antes citado, queda muy
claro que en México falta mucho camino
por recorrer en cuanto a la existencia de un
verdadero estado de derecho. Y que la retórica
afirmativa de los políticos por si sola
no va a cambiar las cosas. El país requiere
de una reforma estructural en el ámbito
de las Instituciones y el Estado para así
estar en condiciones de acercarnos más
al cumplimiento y respeto de la legalidad en
un marco de justicia y libertad.
Viernes 15
de abril de 2005. |