Enrique
M. Rovirosa
Muchos en México y en el extranjero
pensaban que el asunto del desafuero del Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), terminaría
con la revisión de la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados
Federales. Esto, en virtud de que el argumento,
además de no contar con elementos jurídicos
suficientes que garanticen una consignación
penal del líder perredista, constituye
un asunto político que puede tener graves
consecuencias para la vida política del
país.
En este marco de referencia y contra los pronósticos,
la sección instructora decidió
por mayoría turnarlo a la Mesa Directiva
de la Cámara para que ésta convoque
al resto de los diputados a sesión plenaria
y se instale como Jurado de Procedencia. Así,
de conformidad a los procedimientos legislativos,
el jueves o viernes de la próxima semana
la Cámara habrá de resolver en
forma definitiva si procede o no el desafuero.
Independientemente del resultado que arroje
dicho proceso, la persistencia y formas que
lo han caracterizado revelan dos cosas fundamentales:
primero, que la democratización del país
no sólo es incipiente sino que está
en una posición sumamente endeble que
pone en riesgo su continuidad en el futuro cercano
y, segundo, que el Estado de Derecho del que
tanto se pregona, dista mucho de ser real o
estar medianamente a la altura de lo que la
mayoría de los mexicanos deseamos.
Y es que por más que el Presidente señale
que no descansará hasta el último
día de su mandato para que en México
se garantice el respeto y la aplicación
de la Ley, pues no hacerlo significa dar cabida
al desorden y la anarquía, la realidad
que se vive diariamente dista mucho de sus buenos
propósitos.
Es una verdad palpable para todos que en nuestro
país no hay familia que no haya sido
victima de hechos relacionados precisamente
a la falta de respeto y aplicación de
la Ley. Y esto no es cosa del pasado sino acto
consuetudinario. También los es, que
si se aplicaran las leyes con el mismo criterio,
rigidez y perseverancia con que se ha perseguido
a López Obrador, seguramente no habría
funcionario público de primer nivel que
se salvara de estar bajo proceso penal o de
cumplir sentencia en la cárcel. Y es
que las leyes se manipulan a tal extremo, que
la falta justicia y la impunidad se han convertido
precisamente en los principales reclamos de
la sociedad, no sólo en cuanto a la delincuencia
común sino aquella que ha permitido el
enriquecimiento “muy explicable”
de una cantidad más que impresionante
de funcionarios públicos y gobernantes.
De ahí que la sociedad considere -por
abrumadora mayoría según revelan
distintas encuestas- que el juicio de desafuero
contra el jefe de gobierno de la capital no
es un acto de elemental justicia sino uno de
carácter político, cuyo fin único
es restarle toda posibilidad de ganar la contienda
electoral presidencial del 2006. Sólo
quienes se pasan de vivos o pecan de ingenuos
insisten en afirmar lo contrario.
En este contexto, el desafuero se ha convertido
en un episodio político con implicaciones
económicas no sólo de carácter
nacional sino internacional pues, además
de las criticas que se han originado en distintos
sectores del país, ha dado lugar a que
se lancen alertas por parte de la agencia de
investigación de los Estados Unidos conocida
como la CIA así como por parte de dos
de las principales corredurías financieras
internacionales, sobre una posible inestabilidad
social en el país.
El impacto final que habrán de tener
estas opiniones sobre el comportamiento de las
inversiones extranjeras a México, si
bien no se conoce aún con detalle es
innegable que se dará y que será
negativo. La confianza es un elemento primordial
en las motivaciones y preferencias de los inversionistas
y si estos ven que los factores de riesgo aumentan,
la experiencia nos enseña que serán
más cautelosos al tomar sus decisiones.
El continuar con el proceso de desafuero demuestra
una vez más que las ambiciones de la
clase política mexicana están
muy por encima del interés nacional.
Y es precisamente esta postura la que incrementa
los riesgos de que la sociedad, cansada de promesas
incumplidas y de discursos agotados, opte por
formas de protesta que rebasen las mejores expectativas
de aquellos que buscan soluciones a través
del dialogo y la negociación.
Viernes 1o.
de abril de 2005. |