| Enrique
M. Rovirosa
Hace unos días, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP),
anunció los resultados de una encuesta
que realizó con el patrocinio de la Secretaría
de la Función Pública respecto
al problema de la corrupción en México,
bajo el nombre de "Encuesta Sobre Gobernabilidad
y Desarrollo Empresarial 2005".
Los resultados de esta investigación
no sorprendieron a nadie. Sólo confirman
lo que es de conocimiento de todos: que el fenómeno
afecta a la mayoría de las actividades
diarias que se realizan en el país.
En cambio, lo que si llama la atención
es que el país siga adelante a pesar
del obstáculo que esto representa para
su desarrollo.
En general, el estudio establece que los empresarios
mexicanos destinan hasta 120 mil millones de
pesos anuales en pagos extra legales a autoridades
estatales y municipales para acelerar trámites,
obtener pagos preferenciales o contratos ventajosos.
Este monto representa el 6 por ciento de sus
ingresos anuales, e implica que gran parte de
las utilidades de las empresas se destinan a
cubrir la corrupción.
Por otra parte, los encuestados consideraron
que los principales obstáculos al desarrollo
de sus actividades son, en una escala de uno
a siete, en primer lugar, la inseguridad (robos,
crímenes y secuestros) con 5.15 puntos,
seguida por la piratería (4.50), la economía
informal (4.36), las prácticas sindicales
(3.33) y la política fiscal (3.96). Asimismo,
consideran como un obstáculo al desarrollo
del mercado a los monopolios, es decir, cuestionan
las actividades de Petróleos Mexicanos
(Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y Luz y Fuerza del Centro, así
como el desempeño de Teléfonos
de México.
En cuanto al Índice de Corrupción
en las Entidades Federativas, en una escala
de uno a tres, Guerrero, Baja California, Distrito
Federal, Nayarit, México, Morelos y Tabasco
obtuvieron calificaciones mayores a dos, en
tanto que Campeche, Colima, Baja California
Sur, Sonora y Tlaxcala registraron un puntaje
menor a 1.50.
A medida que se tengan más estudios
de este tipo se podrá determinar el sentido
que toma la corrupción en el país,
es decir si crece o disminuye. Por ahora, apenas
estamos en los albores de valorar la magnitud
del problema mismo que, según algunos
analistas del fenómeno, significa hasta
un valor cercano al 40% del Producto Interno
Bruto.
Es indudable que el cambio de partido en el
poder, ha traído una mayor transparencia
en todo lo relacionado a los asuntos públicos.
Y con ello, que las prácticas de corrupción
que antes estaban ocultas, broten hoy día
por doquier. ¿Será esto lo que
lleva a muchos a pensar que la corrupción
en el país esta desenfrenada?
La verdad es que no lo sabemos. La encuesta
del CEESP revela que el problema está
extendido por todo el país pues ya no
influye sólo en los poderes ejecutivo
y judicial sino que también abarca al
legislativo.
El marco legal para combatir el fenómeno,
aunque muchos afirmen lo contrario, se ha quedado
chico pues es evidente también el alto
grado de impunidad que existe.
En este marco, la información divulgada
en fechas recientes sobre los fideicomisos que
dan sustento a las pensiones millonarias de
los ex integrantes del Poder Judicial, se suma
para caer como un balde de agua fría
sobre las esperanzas de una sociedad que no
ve con claridad cómo y hasta donde se
esta combatiendo el problema de la corrupción.
Por un lado, se presentan inumerables evidencias
sobre el comportamiento del fenómeno
y, por otro, queda en entredicho la integridad
de los integrantes del órgano supremo
encargado precisamente de vigilar el orden y
la legalidad en el país, al hacer éstos
un manejo ilegal e inmoral de la hacienda pública.
Viernes 19
de agosto de 2005. |
